El pasado 15 de marzo el Juzgado 35 Penal Municipal de Garantías de Bogotá ordenó el traslado a la cárcel El Buen Pastor de la capital a la exgobernadora Pinto Pérez, a quien cuatro meses después el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá le negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos.
El Ministerio Público también pidió al Consejo de la Judicatura que investigue al abogado de la exgobernadora.
La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre por la jueza Sexta Penal Municipal Mixto con Función de Garantías de Soacha, donde le fue concedida la casa por cárcel a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, por ser madre cabeza de familia.
En su petición, el Ministerio Público señaló que el proceso debe ser conocido por un juez de garantías de la capital de la República, atendiendo la orden de la Corte Suprema de Justicia de trasladar el expediente de La Guajira luego de que la Fiscalía denunciara posibles amenazas contra los testigos de Pinto.
La Procuraduría también advirtió en su solicitud que la audiencia del pasado martes en el juzgado de Soacha no contó con la presencia del fiscal 28 de la Unidad Anticorrupción, Luis Eduardo Castañeda Castro, quien lleva la investigación, ni con la agencia especial del Ministerio Público constituida para este proceso.
Por ello, el Ministerio Público solicitará que para la audiencia, programada para el 1 de noviembre, la exgobernadora Pinto, procesada por los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, y falsedad en documento privado; sea cobijada con medida de aseguramiento intramural, teniendo en cuenta que los cargos en su contra están relacionados con presuntos actos de corrupción asociados a la defraudación de recursos del Programa de Mortalidad Infantil en La Guajira, puntualmente en la firma de convenios interadministrativos con la ESE Hospital San Rafael de Albania por $18.600 millones de pesos.
Simultáneamente, la Procuraduría pidió al Consejo Seccional de la Judicatura investigar la posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una Agencia Especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo.
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