La Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno nacional a adoptar cambios profundos en el modelo de prestación del Programa de Alimentación Escolar – PAE –que incluyan reformas inmediatas en los mecanismos y tiempos como se transfieren recursos a los entes territoriales, el tipo de contratos y la selección de los contratistas.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, citó a una primera sesión a los ministros de Educación, Yaneth Giha; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; al director de la Dirección Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, y al director de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque, para evaluar el modelo actual de la prestación del PAE y los ajustes a corto y mediano plazo.

El jefe del Ministerio Público pidió que, en ese sentido, las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud asuman desde 2018 la vigilancia de la calidad y oportunidad del complemento alimenticio que reciben los estudiantes, así como las condiciones de salubridad de los mismos.

El llamado del órgano de control es a cerrar la puerta a la contratación directa del PAE, que en 2017 fue del 79% (1.032 convenios), mientras que sólo el 2% correspondió a licitación pública.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría dio a conocer que analizó 7.880 procesos contractuales PAE firmados desde 2013, y puntualmente los 1.307 que los 32 departamentos y Bogotá publicaron en el Portal de Contratación Estatal -Secop- en 2017, por un valor de 447.255 millones de pesos.

En la actualidad no hay cobertura del 100% en las 41.644 sedes educativas priorizadas para el PAE. A los niños quienes no reciben ese complemento alimenticio se les pone en riesgo el acceso al derecho a la educación y a formarse como un individuo de manera integral.

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Adicionalmente, en un alto porcentaje de las sedes educativas que tienen cobertura PAE se estarían presentando problemas con el cumplimiento oportuno de las entregas de las raciones alimenticias, o las que se entregan no cumple con los requerimientos nutricionales que demandan un niño, niña, adolescente o joven para su crecimiento.

152 procesos disciplinarios

La Procuraduría dio a conocer que en 2017 por convenios PAE, tramitó 152 procesos disciplinarios, de los cuales 104 corresponden a indagaciones preliminares (73 están en las regiones y 31 en el nivel central), 45 investigaciones disciplinarias (25 en las procuradurías regionales y provinciales y 20 en el nivel central).

En los últimos días se abrió investigación al exalcalde de Cartagena, Manuel Duque, por acudir a la urgencia manifiesta y contratar raciones para 83.974 estudiantes; y a los exgobernadores de La Guajira, Sugeila Oñate Rosado y José María Ballesteros.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal como parte de la investigación del contrato PAE en Riohacha, capital de La Guajira, sancionó con destitución e inhabilidad de doce años al entonces alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira, y de diez años a la exsecretaria de Educación, Dilsey Yensith Acosta. En Caquetá, en otro fallo, se ordenó la suspensión del alcalde de Montañita, Arlex Gómez López.

Empresas Sociales de Estado y el PAE

La Procuraduría como parte de esta investigación macro al PAE encontró convenios interadministrativos firmados por municipios y Empresas Sociales del Estado para el suministro de alimentos por montos que en algunos casos superaron los 800 millones de pesos, y contratos de las ESE para la adquisición de alimentos y refrigerios escolares.

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El Grupo Élite Anticorrupción abrió investigación por estos hallazgos de la Dnie, que también identificó que una misma ESE firmó contratos con varios municipios.

Las Empresas Sociales del Estado, según la Ley 100 de 1993, son las encargadas de “la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social”.

Las ESE constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Entre los contratos por más de 200 millones de pesos firmados por Empresas Sociales del Estado que revisa la Procuradurías están:

En Bogotá, la alcaldía local de Usme contrató a la Subred Integrada de Servicios de Salud – SUR- por 415 millones de pesos.

En Antioquia, la ESE Hospital María Auxiliadora firmó con el municipio de Chigorodó un contrato por 821 millones de pesos, la ESE Hospital San Juan de Dios suscribió contratos con los municipios de La Concordia, Támesis y Pueblo Rico, por más de 500 millones de pesos, la ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara firmó un convenio con la alcaldía del municipio de Santa Bárbara por 273 millones de pesos, la ESE Hospital María Antonia Toro de Elejalde firmó con el municipio de Frontino un contrato por más de 246 millones de pesos, la ESE Hospital San Vicente de Paúl firmó con el municipio de San Carlos un contrato por 231 millones.

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Entre los contratos que firmaron las ESE para el suministro de víveres, mano de obra para la elaboración de los refrigerios y el suministro de complementos alimenticios, figuran los firmados por la ESE Hospital San Juan de Dios de Sonsón por 781 millones de pesos, ESE Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes por 670 millones de pesos, ESE Hospital Héctor Abad Gómez de San Juan Urabá por 422 millones de pesos, ESE Hospital San Vicente de Paúl de Remedios por 269 millones de pesos, ESE Hospital María Antonia Toro de Elejalde de Frontino por 211 millones de pesos, y la ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana por 144 millones.

Concentración de contratos

Desde 2013 a la fecha se presenta en el país una alta concentración de los contratos PAE. En la actualidad esa situación se refleja en 27 departamentos y Bogotá.

En 2017 las fundaciones y asociaciones que más contratos PAE concentraron fueron: Fundación para el Desarrollo Social -Fudapeso-, que firmó 43 contratos por más de 4.488 millones de pesos; Fundación Colombia Emprende VI, 31 contratos por más de 5.237 millones de pesos; Fundación Somos Manos Unidas, 25 contratos por más de 3.444 millones de pesos; Fundación Colombia un País para el Presente, quince contratos por más de 5.735 millones de pesos; Fundación Vive Colombia, quince contratos por más de 9.444 millones de pesos; Fundación Emssanar, diez contratos por más de 3.027 millones de pesos, y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño, Amunorte, diez contratos por más de 2.403 millones de pesos.

Por valor del contrato los primeros diez puestos los ocupan: Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa, un contrato por 37.688 millones de pesos, (Norte de Santander); Consorcio Nutrición Escolar, dos contratos por valor de 30.823 millones de pesos (Bolívar); Unión Temporal PAE Magdalena 2017, un contrato por 22.428 millones de pesos (Magdalena); Unión Temporal Enlace Oriente Cúcuta, un contrato de 19.400 millones de pesos (Norte de Santander), y la Fundación Unidad Social Barrio Adentro, tres contratos por 14.927 millones de pesos (Antioquia – Magdalena).

Así mismo, la Corporación Regional para la Construcción Social, dos contratos por 11.336 millones de pesos (Sucre); Fundación Colombia una Nación Cívica – Concívica, un contrato por 10.820 millones de pesos (Antioquia); Unión Temporal Nutrición Escolar 2017, un contrato por 10.617 millones (Magdalena); Unión Temporal Nutrivida 2, un contrato por 10.575 millones de pesos (Meta), y Construyamos Colombia, dos contratos de 10.03 millones de pesos (Caquetá y Risaralda).