La reciente escalada de violencia desencadenada entre actores involucrados en cultivos ilícitos, motivó una misiva remitida por el procurador Fernando Carrillo a los ministros del Interior y Defensa, al alto Consejero para el postconflicto y la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos, sugiriendo revisar el programa referido a la siembra de sustancias prohibidas.

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Según declaraciones emitidas a medios radiales, “para la Procuraduría es necesario que el Gobierno revalúe las estrategias de implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz que contempla la solución al problema de las drogas ilegales. Se trata del punto que promueve la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados”.

Los constantes asesinatos en el municipio de Tumaco develarían las dificultades de la implementación del acuerdo en el municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país, según el ente de control nacional.

En la misma alocución radial, Carrillo dijo que “condena la escalada de violencia contra las comunidades que han dado ejemplo de resistencia pacífica”, por eso hace un llamado a una “respuesta pronta y contundente para desarticular estas dinámicas criminales que amenazan la paz territorial y atentan contra la voluntad comunitaria de superar el problema de los cultivos ilícitos”.

“Se creará una estrategia integral para judicializar a las redes del narcotráfico y se fortalecerá la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía”, puntualizó el procurador Carrillo.