160 personas, entre ellas 15 silleteros, que habitan en 40 viviendas, fueron notificadas desde el 27 de febrero de que la Secretaría de Medio Ambiente compraría sus terrenos por considerarse áreas protegidas al estar ubicados en la zona por la que transita la microcuenca El Chiquero, afluente que alimenta el acueducto veredal de Piedra Gorda, en el corregimiento Santa Elena. Por tanto, debían abandonar sus hogares y recibir el precio que les ofertaban por estos. 
Este proceso se realizaría de acuerdo a la Ley 99 de 1993, que indica que con el 1 % de presupuesto municipal se adquieran estos predios para reforestarlos y, así, aumentar el caudal del agua.
Sin embargo, el pasado lunes se dio a conocer por parte de la Secretaría de Medio Ambiente que el proceso sería suspendido temporalmente, mientras se buscan soluciones a la comunidad, que no está de acuerdo con la decisión de que esta dependencia de la Alcaldía de Medellín adquiera siete predios en donde viven una centena de personas.

El proceso de compra de predios

El problema radica en que la comunidad no fue visitada con anterioridad,  fue notificada a través de un documento oficial y no fue escuchada previamente para buscar soluciones que beneficien tanto el bien común, como lo es la protección de la microcuenca, y el particular, teniendo en cuenta que allí viven familias campesinas y silleteras, según subrayó Sandra Milena Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Piedra Gorda. 

“Estas tierras llevan aproximadamente 200 años en manos nuestras. Nuestros padres nacieron aquí, nosotros tenemos todas las raíces puestas aquí. De aquí, si Dios quiere, salimos para el cementerio”, es el testimonio de  Ramón Emilio García, habitante de la vereda y afectado.

Ante la supensión del proceso,  se espera obtener respuesta el próximo 27 de abril, día en el que comunidad y autoridades competentes se reunirán  para escuchar las soluciones que estos hayan concertado en la mesa técnica,  instalada esta semana y conformada por asesores jurídicos, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Suministros y Servicios Públicos, la Secretaria de Salud (para revisar la calidad del agua) y el Concejo de Medellín. “Por supuesto, esperamos vincular a la comunidad, escucharlos”, expresó Jaime Gómez, líder de la Unidad Estructural Ecológica de Medellín.

 La comunidad espera tener solución ese día, pues “a nosotros nos dijeron ‘está parada la compra de los predios’, pero de palabra no nos sirve,  necesitamos es que nos digan por escrito que no se va a dar más, porque llega en cuatro años otro secretario de Medio Ambiente y otro alcalde y diga ‘venga para acá’, ¿no?”, puntualizó la presidente de la Acción Comunal.

De otro lado, Gómez, encargado de este proceso de protección a las microcuencas, explicó que “a la fecha ya se han intervenido 19 microcuencas, se ha hecho la compra y el proceso de regeneración del bosque natural en los cinco corregimientos, con 76 predios comprados que suman 2.100 hectáreas”. 
Además, sostuvo que en el marco de la Ley 99 de 1993 se han estado comprando predios  según un orden de prioridad establecido por un estudio de la Universidad Nacional, contratado por la Secretaría de Medio Ambiente.

En Medellín se tienen registrados 26 alcantarillados, por lo que ya se habían intervenido 19 con anterioridad a este, según lo establecido por el estudio de la Universidad. Pero, en sus palabras, al ver la reacción de la comunidad se tratará de buscar soluciones alternas “hasta donde la ley nos permita”.

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Los derechos de los moradores
Según la concejal Luz María Múnera, la expropiación a las familias que viven en áreas protegidas por la Ley se debe dar en “casos en los que sea estrictamente necesario. Lo de prevalecer el interés general no es simplemente una consigna, es un proceso de demostrarlo”, puesto que, según ella, no se contempló con anticipación si era indispensable que las familias abandonaran sus hogares.

“Estamos esperando desde el 30 de marzo el estudio de la Universidad porque es urgente una política pública o una ruta metodológica de protección a moradores”, explicó Múnera. 
Desde su punto de vista, en otros casos como las 22 familias desalojadas del sector La Iguaná, tampoco se  tuvo en cuenta el daño social sino hasta el momento de la evacuación. “En otros casos se hace reasentamiento de las familias en otros lugares, en este no es posible”, expresó la cabildante.

En el caso de los habitantes de Piedra Gorda no podría realizarse un desalojo, pues este concepto legal solo se usa para personas que viven en invasión en un terreno protegido o en custodia del Estado. Por ejemplo, entre el 2 y el 3 de septiembre del pasado año se desalojaron y desinstalaron 98 cambuches ubicados en los Cerros Orientales de Bogotá, un área protegida.
Según el concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien dirige la Comisión accidental adelantada sobre este tema, puede pasar que los moradores que fueran expropiados “el día de mañana pueden invadir los terrenos de donde los sacaron, es mejor convertirlos en “vigias” de estas áreas”, opinó.

Una posible solución

El documento de las propuestas, radicado por la comunidad, contiene “la recuperación de las áreas de nacimiento y retiro a las fuentes hídricas de nacimiento, entonces nosotros vamos a reforestar con especies nativas en las riberas de las corrientes hídricas en los lotes vecinos y demás propietarios en forma voluntaria, y pagos por servicios ambientales”, detalló Sandra Rodríguez.
“Decía alguien de los afectados: ‘es que si a mí me toca, yo dono mi tierra y yo mismo siembro los árboles si me los traen’”, sostuvo la líder.