A diferencia de lo que sucede con las mercancías y los bienes de consumo ordinarios, cuya provisión puede dejarse a la suerte que para ellos les depare el mercado, en el caso de los servicios públicos, dada su relevancia y manera como afectan la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad, el Estado debe intervenir en su prestación, con el objeto de garantizar que sean prestados a todas las personas.

Una de las mayores dificultades que se registran en la aplicación de la Ley 142 de 1994, es que esa ley estableció un solo modelo para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible aplicable a todos los prestadores, en todos los municipios y para todo tipo de usuarios, cuando en realidad las condiciones en todos los casos no son iguales y ello justifica plenamente la existencia de esquemas diferenciales en su prestación.

Claro está que, tal como se deriva del mandato del artículo 365 de la Constitución, en todos los casos es obligación del Estado garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio, lo que implica que no solo deba garantizase el acceso en forma universal, sino que además deben prestarse cumpliendo unos indicadores mínimos de calidad.

Si bien la Ley 142 expedida hace más de vente años, en su momento representó una verdadera transformación sectorial, que ha permitido innegables avances, la realidad es que es hora de que se adopte una nueva dinámica que permita evaluar el efecto del esquema liberalizador del sector y el papel que en adelante deben tener las comunidades organizadas.

El protagonista actual del sector deben ser los usuarios de las zonas periféricas de las grandes ciudades, los de las áreas rurales y los de los municipios con menor desarrollo social, pues se trata de personas que con mayor énfasis deben ser beneficiarias de los efectos de la intervención del Estado en la economía y en especial en el sector de los servicios públicos.

En la actualidad se debe hacer énfasis en la prestación de servicios públicos a personas que habitan zonas especiales, muchas veces de difícil acceso, que no reciben los servicios o los reciben en formas muy precarias y son autoprestadores o están atendidas por pequeños proveedores, que en algunos casos son “empresas comunitarias”, o las propias “comunidades organizadas”.

Es evidente que los esquemas “empresariales” para la prestación de servicios públicos pueden aplicarse en gran parte de los centros urbanos, pero que este

esquema no opera adecuadamente en todo el territorio, pues los empresarios no se sienten obligados a atender la población que no está en capacidad de atender vía tarifas los costos que se derivan de la prestación de los servicios.

La teoría del servicio público ha identificado el asunto descrito, como uno de los retos fundamentales del Estado Social de Derecho, que debe solucionarse a partir de acciones solidarias que impone el Estado, con creación de fondos de servicio universal y el establecimiento de condiciones especiales o diferenciales de prestación los servicios para estos casos.

De las inmensas ganancias que se generan en el sector cuando se atiende usuarios en condiciones normales de prestación y con alta capacidad de pago, así como de las contribuciones especiales que están obligadas a pagar los usuarios de estratos altos y los industriales y comerciales y de la destinación específica de recursos del presupuesto del Estado, deben tomarse recursos para atender no solo el subsidio a los estratos más bajos, sino además, para atender a las personas que viven en áreas de difícil acceso, garantizarle a todos el suministro del mínimo vital del bien objeto del servicio y ayudar a financiar la prestación por comunidades organizadas.

En conclusión, en materia de servicios públicos, se trata de dar un paso social que debemos impulsar y apoyar todos los colombianos.