Los abusos del Gobierno y de las Farc no tienen límites. Como dicen las señoras antioqueñas, si eso es en el desayuno cómo será la comida. Una espiral de decretos, asaltos a la separación de poder, actitudes desafiantes y prepotentes, que están arrodillando al país y arrojándolo al precipicio.

Son tantas las tropelías, que uno no alcanza a reseñarlas. Comenzamos la semana con veinte decretos, resultado de los poderes extraordinarios que le otorgaron al presidente los de la coalición de la mermelada, con los que se profundiza el golpe de estado y el desmonte de nuestras instituciones. 

La “reforma” agraria que legalizará la expropiación apelando al interés social y al mal uso ambiental, conceptos sin definir y en los que cabe todo en contra de los propietarios legítimos y poseedores de buena fe, que quedan en manos de los buitres que vienen por su propiedad. Y es que no se trata de impedir que los campesinos accedan a la tierra, sino de que se atropelle, a nombre de esa reivindicación, a quienes ha construido un patrimonio, del cual serán despojados con mecanismos espurios que violan los principios procedimentales del derecho por individuos prevalidos del poder. Porque, en este país, ya se sabe cómo actúan Santos y la guerrilla, la nueva dueña de la legislación de tierras y propietaria insaciable ella, sí, a pesar de que lo nieguen, de grandes fundos obtenidos gratis con el uso de la violencia, el desplazamiento y la sangre. Es que “mal uso ambiental” es cualquier cosa, menos, la destrucción intensiva de la selva, los bosques y las fuentes de agua, para sembrar coca, producir cocaína y extraer oro en minas ilegales, propiedad de las Farc y sus socios armados. A esas tierras, por supuesto, no se les aplicará la “reforma”.

Enceguecido y embriagado de poder, el dúo gobernante ignora la historia de Colombia, o no le importa. La tierra ha sido fuente primordial de conflicto en nuestro país, y la manera como está manejando la cuestión agraria puede llevar a situaciones de violencia iguales o peores que las que supuestamente se quieren terminar. Y, al decir esto, no soy aurúspice de la tragedia, ni propietario de fundo alguno, sino un hombre pacífico, respetuoso del estado de derecho y estudioso de la historia colombiana, que, en virtud de tal conocimiento advierte sobre esta terrible posibilidad, porque desea que sus hijos y nietos, y los hijos y nietos de la gente de mi generación, tengan un país en el que puedan vivir tranquilamente, con oportunidades de prosperidad, de la de verdad, no la que nos está dejando Santos. Un país, en fin, en el que nosotros, los viejos, podamos morir de muerte natural.

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Esta esperanza, sin embargo, está cada vez más lejana. Ya se creó la fiscalía paralela, destinada, en el papel, a perseguir a los enemigos armados del proceso de paz, y que, a pesar de los esfuerzos del Fiscal para someterla a su institución, será una rueda suelta que investigará y encarcelará a quienes osen protestar pacíficamente - desde la escritura, la calle, la sociedad civil, o desde las propias instituciones- con el argumento peregrino de que su voz alienta la destrucción de la paz. Porque las Farc juzgan por su condición y piensan que todos los colombianos somos como ellas, que estilan violencia y prepotencia, como cuando, esta semana ingresaron al congreso, sin autorización y con escoltas que intimidaron a la vigilancia. O como cuando dispararon a unos militares que, accidentalmente ingresaron a una zona transitoria de concentración.

Y dicha esperanza, es todavía más lejana, cuando a ojos vistas, sin vergüenza alguna, Santos, sus compañeros de autos y las Farc, impusieron a su candidata a la magistratura de la Corte Constitucional, a punta de férula y mermelada, violando la independencia del Congreso, para asegurase una corte de bolsillo, que les garantice que todos sus adefesios resultarán aprobados.

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Y, como si fuera poco, Santos y sus marionetas asaltan el territorio antioqueño para levantar un paro en el Chocó, entregándoles, inconstitucionalmente a Belén de Bajirá, valiéndose del Igac, cuyo director dijo que este territorio pertenecía a ese departamento y que así lo mostraría el nuevo mapa, a pesar de que los anteriores lo situaban en Antioquia, desde 1947, cuando se creó el Chocó.  Arrebató, sin dársele nada, la potestad constitucional de decidir sobre límites internos al Senado, haciéndole el mandado a Santos y al nuevo ministro Rivera, que, desde el paro anterior, ya había intentado cometer esta felonía. 

Lo que hay en este episodio es otro capítulo de la destrucción del país: el conflicto entre los dos departamentos, alimentado por un gobierno que toma partido, apunta a dinamitar la actual configuración político administrativa, para implantar una nueva estructura regional en la que los actuales departamentos, como los conocemos desaparecerán, para acomodarse a las ambiciones de poder regional de las Farc, que ya comenzaron con las nuevas circunscripciones electorales especiales, que son interdepartamentales. Y de paso, se trata de una venganza contra Antioquia, por parte de Santos, que no perdona que este departamento es el centro de la oposición al gobierno. (Situación que es aprovechada para que los Verdes y compañía hagan política tratando de ganarse a los chocoanos, alegando su condición racial y su explotación por los antioqueños, que son blancos, como si aquí no hubiese una sociedad multiétnica y multicultural desde siempre, en nuestra condición histórica de un territorio minero, y con muchos otros habitantes de origen afro, en el Urabá. Sería bueno saber qué piensa Fajardo y el Polo al respecto, porque lo que es Claudia López, ya le debe muchas explicaciones a su electorado en Antioquia).

Y, para terminar el panorama, ya anda por ahí la idea de aplazar las elecciones del 2018, esta vez en boca del vocero del Eln en las negociaciones de Quito.

¿Nos quedaremos callados y tranquilos frente a este panorama?