La comunidad que reside en los sectores de influencia de la quebrada La Picacha en el corregimiento de Altavista se encuentra preocupada por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en esta zona.

No obstante, el Municipio de Medellín e Isvimed no han llevado a cabo los procesos pertinentes para atender a esta población debido a que han incumplido desde hace más de tres años las providencias judiciales proferidas por el Juzgado 24 Administrativo y el Consejo de Estado, el 2 de agosto de 2013 y 16 de octubre de 2004 respectivamente, en las que se ordenó de manera inmediata el censo, caracterización, evacuación y solución de vivienda definitiva para estos ciudadanos, aseguró la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, quien los apoya en el caso.

Las medidas cautelares del Juzgado y el Consejo de Estado corresponden a un trámite jurisdiccional de acción popular interpuesto por cuatro presidentes de las Acciones Comunales del corregimiento de Altavista, San Pablo Aguas Frías, Las Violetas y Belén Las Mercedes contra el Municipio de Medellín, Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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"Ante la actitud renuente de la Municipalidad en acatar lo dispuesto por el Juez, la comunidad en asesoría de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín inició incidente de desacato", dijo la dependencia de la Universidad de Medellín en un comunicado.

No hay cifras concretas

Érika Joullieth Castro Buitrago, coordinadora del área de la institución de educación superior que asesora a la comunidad, aseguró a EL MUNDO que hasta el momento sólo se ha realizado un censo a 106 familias ubicadas en la zona conocida como La Playita, realizado antes de la orden del Consejo de Estado, por lo que no existe información verificable y actualizada acerca de los demás sectores que integran la rivera de la quebrada que cuenta con una extensión aproximada de 12.5 kilómetros. "No tenemos una cifra a ciencia cierta de cuántas familias realmente están en peligro hoy en la quebrada La Picacha".

Al día de hoy quedan asentadas en la zona 35 familias "porque otras han salido para arrendamiento temporal, les han dado vivienda usada o nueva, sin embargo, lo que denuncian los habitantes en todo el recorrido de la quebrada, por lo menos hasta donde nosotros como universidad tenemos conocimiento" es que en otros puntos "no se les ha hecho un censo ni se les ha ofrecido ninguna solución a las comunidades que residen cerca de la quebrada La Picacha", aseveró.

Añadió que "si uno revisa por zonas, por ejemplo en Belén Las Mercedes en frente del depósito de buses, hay una curva entrópica de la quebrada que amenaza todo el tiempo con inundaciones, incluso se han venido inundando durante este invierno y las personas han sufrido daños materiales, aunque afortundamente no se han tenido vidas comprometidas".

La posibilidad del desalojo

Joaquín, líder de Aguas Frías comentó que los residentes se encuentran preoucupados "desde el 3 de marzo de este año cuando la señora corregidora vino al sector con funcionarios de Isvimed a decirle a la comunidad que tenía que irse de aquí, a las buenas o a las malas, y dijo que si no se querían ir ella podía venir con la Policía y llevarse a los niños para el Bienestar Familiar (...) porque había un fallo judicial y le tenían que dar cumplimiento de una Acción Popular que la misma comunidad había impuesto".

"La comunidad quedó muy consternada porque luego, el 3 de abril de este mismo año, volvió a realizar otra reunión y ratificaron el desalojo forzado, y la presidenta de la Junta Administradora local del corregimiento de Altavista también lo promocionó y también lo ratificó en esa reunión", complementó el líder. 

Además, narró que este miércoles se llevó una reunión en el sector con representantes de diferentes dependencias de la Administración Municipal, Defensoría del Pueblo y la Personería, donde "el secretario de Gobierno dijo que no había fecha estipulada y que todavía no se estaba dado un desalojo a la fuerza y que por eso dialogaban con la comunidad para las personas salieran voluntariamente y no tuviera que utilizar la fuerza el Municipio pero que no se descartaba un desalojo a la fuerza".

Sin construirse

La abogada Castro Buitrago especificó que a los afectados reconocidos no se les ha realizado la reubicación ni la entrega de vivienda nueva, que corresponde a un lote identificado con el número 9 y ubicado en la calle 32 con carrera 32B, perteneciente al Plan Parcial de Belén Rincón, que fue entregado por el Municipio de Medellín al Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín (Isvimed) para construir un plan habitacional para la comunidad en alto riesgo que vive en las inmediaciones del afluente.

Dijo además que la construcción, de la que no se sabe cuándo se entregaría, beneficiaría solamente a los habitantes de La Playita, los únicos censados, y que no se tiene un proyecto de vivienda para los residentes de los otros sectores.

Al respecto, Sergio Gaviria, director de Isvimed, aseguró que la solución habitacional para las familias de La Playita no se ha ejecutado por los incumplimientos de la Administración anterior y que ya se adelantan los procesos pertinentes respecto a los diseños y estudios para la construcción de las viviendas, por lo que el proyecto se debe entregar en la actual Alcaldía.

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"Son 106 familias que se habían censado inicialmente. De esas, ya 28 tienen solución definitiva de vivienda. Hay 14 más que se encuentran en vivienda usada", mientras que hay un grupo de familias con las que no se ha logrado "que se acerquen al Instituto para buscarles la solución definitiva a sus problemas, que son más o menos 67 familias. Lo que el Instituto les está ofreciendo, no hoy sino desde hace mucho tiempo, es arrendamiento temporal, que es el proceso normal que se lleva a cabo" cuando el Dagrd indica que las viviendas deben ser evacuadas por situaciones de riesgo.  

Gaviria invitó a los miembros de las familias con las que no se han iniciado los procesos pertinentes para que "se acerquen al Instituto" y manifestó que a las personas de La Playita "muy seguramente de manera irresponsable la Administración anterior les prometió una fecha de entrega pero el proyecto no estaba contratado" y que existe mucha confusión respecto al tema porque hay mucha desinformación.

Por otro lado, el director hizo énfasis en que el Instituto actúa de acuerdo a los lineanientos del Dagrd, por lo que se trabaja en dar soluciones de vivienda a las personas que determine el censo, y que si se establece que se debe garantizar el mismo tratamiento para más ciudadanos afectados en el sector, el Instituto entrará a realizar todas las acciones pertinentes.