Mediante proyecto que abusa del mecanismo de Fast track, el Gobierno revive su idea de extender el período presidencial a cinco años, sumándose al cambio que hicieron los presidentes Rafael Correa y Evo Morales en Ecuador y Bolivia.

En defensa de la idea, los voceros gubernamentales alegan que cuatro años no alcanzan para realizar plenamente un programa de gobierno. Ellos lo saben porque sí gozaron de la reelección para que el doctor Santos lograra firmar un acuerdo con las Farc, fijando así su legado al país.

La reelección inmediata del presidente es una institución aprovechada por los estados presidencialistas y semi-presidencialistas como un examen de mitad de período en el que los ciudadanos determinan si el gobernante cumple con sus expectativas y merece continuar o, por el contrario, si los ha defraudado y en consecuencia debe ser cesado en sus funciones.

Alegan los funcionarios del gobierno Santos que en Colombia la reelección se ha prestado para abusos de poder. Tal vez lo digan con conocimiento de causa, en tanto al impulsar la renovación del mandato del incumbente rompieron las reglas que prohíben su participación en política, el uso de bienes públicos en campañas y exigen ecuanimidad de los gobiernos.

La iniciativa que ahora transcurre está amarrada al segundo acuerdo de La Habana, firmado en el segundo período del presidente, y que liga los privilegios que tienen las Farc a la duración del período del primer mandatario.