La suerte del posconflicto está determinada por la suerte de la coca. Un país pionero en el mundo en producción y comercialización de cocaína es difícil que logre la paz, por la magnitud de las ganancias en juego –la tasa de cambio vigoriza las utilidades- y por la incapacidad del Estado colombiano para ejercer control real del territorio. Ambas variables estimulan que siempre haya quien se anime a incursionar en el negocio. La relación costo beneficio se inclina a favor del riesgo, pues la posibilidad de perder o terminar en la cárcel es poca. De allí la convicción de que la única solución al conflicto generado por las drogas es su legalización, que el Estado asuma su control y lo desestimule, aumentando el riesgo.

Un mundo sin drogas es una ilusión, una utopía. Mientras haya demanda por el consumo, habrá oferta. Más que detenerse en la recurrente esfera criminal del problema, hay que reconocer su connotación sanitaria, como un asunto de salud pública con relación al demandante, de igual manera, su alcance de reto social y económico para la gobernabilidad respecto a su producción y comercialización. De resto, palos de ciego.

Cada vez gana más audiencia la discusión de la política antidrogas. Hace pocos días el Centro de Investigación de Crimen Organizado, InSight Crime, publicó el artículo de Patrick Corcoran “Moraleja para Argentina de una década de guerra antidrogas en Méjico” donde destaca que “Macri inició una serie de cambios de política que equivalen a un cambio total hacia una estrategia más militarizada. Convocó a asesores estadounidenses e israelíes; anunció planes de derribar aviones con drogas; ha atiborrado las cárceles de delincuentes menores por temas de drogas; e inundó de tropas federales zonas particularmente violentas, entre otras medidas. El primer año de la presidencia de Macri, que se inició el 10 de diciembre de 2015, no ha estado desprovisto de resultados positivos…Pero esas cifras, aun cuando puedan parecer alentadoras hoy, en el futuro podrían no representar más que un punto luminoso en una tendencia por el contrario alarmante. Como lo muestra la guerra contra las drogas que ya completa diez años en Méjico, la estrategia de Macri

crea un sinnúmero de vulnerabilidades que pueden crear dificultades de seguridad importantes en el futuro.”

El articulista dice además que, aunque las circunstancias son distintas, la respuesta de Macri a una posible crisis de seguridad tiene mucho en común con la de Felipe Calderón cuando asumió la presidencia de Méjico en 2006. Al igual que Macri, Calderón apostó su capital político desde el inicio de su presidencia a resolver la inseguridad nacional, con la militarización inicialmente de Michoacán y luego de otros territorios. Inicialmente, Méjico experimentó una baja de la violencia no muy distinta de lo que sucede hoy en Argentina. La lógica de Calderón, así como su reputación entre los mexicanos, parecía inexpugnable. Pero no duró.

Afirma Corcoran que las agresivas tácticas del ejército crearon un choque de inestabilidad en un panorama criminal sin preparación para responder; aunque otros factores incidieron, la militarización ayudó a convertir un problema manejable en un desastre con reverberaciones internacionales, con un índice de homicidios nacional más que duplicado desde su piso de 2007. Atiborrar la cárcel de infractores por drogas puede reportar buenos titulares, pero esas prácticas pueden exacerbar los incentivos encubiertos y empujar a la gente al negocio de las drogas, y por ende ampliar la magnitud del problema.

Conclusión: la discusión sobre el tema drogas es pertinente, indispensable, pero no puede ser eterno. La paz depende de ello.