Las fuerzas de seguridad de Venezuela disolvieron este lunes, por quinta vez en los últimos diez días, una protesta opositora con cientos de participantes que pretendían acceder al centro de la ciudad para manifestarse en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Decenas de miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerraron nuevamente los accesos al municipio caraqueño Libertador -centro de la ciudad y sede de los poderes públicos en Venezuela- gobernado por el chavista Jorge Rodríguez, quien ha afirmado que estas movilizaciones buscan generar violencia en esa zona de la capital.

"Manifestantes son reprimidos con bombas lacrimógenas por cuerpos seguridad", aseguró en su cuenta de Twitter la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Los opositores comenzaron a congregarse desde las 10.00 a.m., en la plaza Brión de Chacaíto, en el este de la capital venezolana, y comenzaron a marchar hacia el oeste sin que el rumbo de la movilización fuera aclarado por sus dirigentes, al menos ante los medios de comunicación.

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Mientras el grueso de los participantes en la manifestación se mantiene alejado de los gases lacrimógenos, decenas de manifestantes, en su mayoría encapuchados, protagonizan choques con los miembros de la fuerza pública.

Una vez iniciadas las acciones de la Policía para dispersar a los manifestantes el gobernador del céntrico estado Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles declaró desde la marcha al canal en línea Vivo Play: "aquí lo que hay es represión, más nada (...) el Gobierno sigue el paquete del autogolpe, creen que así, con represión, es la forma de resolver la crisis".

La oposición venezolana se ha manifestado las últimas dos semanas en rechazo a unas sentencias que emitieron siete magistrados del Supremo en las que despojaban al Parlamento de sus funciones, aunque luego las suprimieron parcialmente.

El Parlamento -de mayoría opositora- calificó de "golpe de Estado" la actuación del Supremo y dio inicio a un proceso de remoción de los juristas que firmaron las sentencias. Para llevar a cabo este proceso, se requiere que el Poder Ciudadano califique de "falta grave" la actuación de los magistrados, solicitud que el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab - que preside este Poder-, ya ha informado que fue declarada improcedente.