Frente a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de ordenar suspender la extradición de alias jesús santrich, uno de los líderes de la Farc, las autoridades colombianas reaccionaron pidiendo se aclaren las verdaderas competencias de este organismo.

El caso hizo que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtiera en una carta enviada al procurador general, Fernando Carrillo, que la decisión de la JEP "pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia", y solicitó su intervención "para que se revoque o decrete su nulidad”.

Los ministros del Interior Guillermo Rivera, y el de Justicia, Enrique Gil Botero, también le pidieron al Congreso fijar las reglas de este organismo, a través de un comunicado.

Los ministros de Justicia y el Interior señalaron que esta decisión corresponde a los protocolos que la misma fijó de manera autónoma, por lo que instaron al Congreso de la República a darle trámite urgente al proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento de esta instancia, nacida del Acuerdo de Paz para aplicar justicia por los delitos graves que se cometieron en el conflicto.

El presidente Santos, por su parte, dijo que el Acuerdo es claro en que los desmovilizados de las Farc que reincidan en el delito pierden todos los beneficios. Advirtió en esa oportunidad que de comprobarse que en este caso fue así, no le temblará la mano para extraditarlo.

El director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, dijo que la decisión de la JEP "hace parte de sus funciones, pues está resolviendo una solicitud que en ese sentido había hecho el señor Seuxis Hernández a través de su apoderado".

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Desde su óptica, la extradición "de hecho estaba suspendida, ya que le corresponde a la JEP determinar si los presuntos delitos de los que se lo acusa se cometieron antes o después del 1 de diciembre de 2016 (fecha en la que entró en vigor el Acuerdo de Paz) y de eso dependerá si es juzgado por la JEP o se remite el asunto a la justicia ordinaria".

"Si el señor Hernández es extraditado su obligación de contribuir con la justicia, decir la verdad y reparar a las víctimas, está en entredicho", agregó.

Quienes critican el traslado de alias santrich a la casa episcopal argumentan que sienta un mal precedente porque otorga beneficios que pueden ser invocados por otros presos y además acaba "premiando" el delito del narcotráfico.
 

Comentarios:

Álvaro
2018-05-18 13:04:12

Ya se presagiaba que ese tribunal iba a hacer de las suyas. ¿Cómo proteger a ese desalmado criminal? Cuando el juez se corrompe, apagá y vámonos

Omar
2018-05-18 09:40:48

Si a esto se atreven, sin tener competencia, qué nos espera cuando Petro y las farc sean los que manden !!!..

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