Puerto Rico quiere ser el estado 51 de Estados Unidos (EE.UU.). Al menos ese el mensaje dado por el electorado puertorriqueño en el quinto plebiscito para definir el estatus jurídico del país celebrado el pasado domingo, en el que el 97% de los votantes dieron el Sí a ser un Estado formal de EE. UU.

Sin embargo, los boricuas enviaron otro mensaje más contundente. Sólo votaron el 22,9% de los 2.260.804 votantes registrados. En otras palabras, se ignoró masivamente la consulta, siendo la abstención la principal protagonista de esa jornada.

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El oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por el actual gobernador Ricardo Rosselló,  busca, contra viento y marea, ser parte de Estados Unidos. La grave crisis económica por la deuda pública de casi 73.000 millones de dólares por impago de bonos, provocó que el Gobierno de la isla se sometiera, el mes pasado, a la Ley de Quiebras, siendo la primera jurisdicción estatal que recurre a ello.  Puerto Rico, que hasta el 2006 gozaba de exención de impuestos, era un escenario atractivo para las empresas norteamericanas. Pero, después de ese año, el Gobierno Federal le quitó esos privilegios a la isla, por lo que las empresas se fueron y empezó la crisis. 

El plebiscito fue una salida desesperada de Rosselló para que el Gobierno Federal de Estados Unidos asumiera esa deuda, ya que el estatus de Estado Libre Asociado no le permite al Gobierno de la isla tomar decisiones autónomas. “Es como un Estado de nadie. O sea, tienen voz, pero no pueden hacer nada con eso. No pueden tomar decisiones contundentes”, afirmó Giovanni Areiza, politólogo y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

Con la consulta de carácter no vinculante, además, el Gobierno de la isla buscó legitimar la intención de convertirse en Estado.

Por eso, a pesar de la victoria de la estatidad, los independentistas también salieron fortalecidos de la consulta. Demostraron que tienen poder para boicotear las propuestas del Gobierno con las que no estén de acuerdo.

El boicot independentista

La causa independentista fue la principal razón de la alta abstención. Impulsado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al que posteriormente se sumó el Partido Popular Democrático (PPD), hicieron un llamado a sus seguidores a no votar en la consulta.

La oposición al Gobierno de Rosselló, que durante la campaña pidió a sus seguidores que boicotearan la consulta por no haber contado con ellos para redactar las preguntas, recordó que la participación fue de solo el 22,9 %, un porcentaje que, según ellos, deslegitima  el plebiscito y cualquier pretensión del Ejecutivo de presentar los resultados como un respaldo a su objetivo.

La vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, dijo que el plebiscito “fue inútil y que se constató que la anexión fue derrotada”.
El líder del PPD, Héctor Ferrer, afirmó que no tenía sentido que la prioridad del Gobierno sea una consulta que no contaba con compromiso alguno de EE.UU., que costó millones de dólares, mientras que la operatividad del Gobierno está en peligro por la falta de liquidez.

Ferrer recalcó que las pretensiones del Gobierno carecen de cualquier validez al haberse abstenido ocho de cada diez de los inscritos para votar. 

Para Sebastián Bitar, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la estrategia de los independentistas fue efectiva. En vez de participar en una segura derrota electoral, los independentistas optaron por boicotear el referendo y pedirle a sus electores que no participaran. “No es que la gente haya ignorado la consulta, es que hubo una clara injerencia independentista para no votar”, argumentó el docente.

Agregó que si hubiera sido abstención, quienes no votaron hubieran sido de todos los bandos, pero los que se abstuvieron, fueron los que estaban en contra de la anexión a Estados Unidos y los que votaron fueron los que estaban a favor. Es decir, hubo una clara tendencia política.

Una historia colonial

Puerto Rico es la isla más pequeña de las Antillas, ubicadas en el mar Caribe, al norte de Venezuela. Desde 1898, después de la Guerra Hispano – Estadounidense, la isla fue ocupada militarmente por Estados Unidos. Desde 1952, Puerto Rico, sin ser formalmente parte, ha gozado de privilegios y desventajas de su estatus como Estado Libre Asociado.

“El caso puertorriqueño es un caso complejo por el estatus jurídico, y los derechos políticos y civiles con que gozan los ciudadanos de la isla. Si bien presentan ventajas en lo civil, como recibir la ciudadanía estadounidense desde 1912, en materia de derechos políticos la situación es diferente. Casi que no tienen derechos políticos y las decisiones verdaderamente importantes se toman desde Washington”, explicó Areiza.

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Puerto Rico tiene un representante en el Congreso que tiene voz, mas no voto. De la misma manera, a ese representante solo suelen otorgarle el derecho a la palabra cuando el tema, de alguna manera, afecta a la isla.

Los puertorriqueños, igualmente, no participan en la fiesta democrática estadounidense. No tienen derecho a votar ni por el presidente ni por  los congresistas. “Esa limitación ha sido un reclamo permanente del pueblo puertorriqueño, que se ha evidenciado en otros refrerendos anexionistas o incluso independentistas. Siempre ha estado la opción. Lo que pasa es que estos referendos no han tenido un carácter vinculante importante”, afirmó el politógo.

El caso puertorriqueño, asimismo, es considerado por escritores como Fernando Martín, una de las colonias más viejas del mundo. “La más que centenaria lucha por la independencia de Puerto Rico y por la defensa y desarrollo de la nacionalidad puertorriqueña constituye uno de los episodios de mayor tenacidad y coraje colectivos en la historia de América Latina. Puerto Rico es hoy todavía la última colonia de importancia que queda en el mundo”, escribió en su libro La independencia de Puerto Rico: historia y futuro.

Según Areiza, “para Estados Unidos, Puerto Rico es tan importante como Guam o las Islas Vírgenes. Hay una presencia militar muy fuerte del Ejército norteamericano en la isla. Los puertorriqueños son una población importante. Asimismo, Puerto Rico, en términos geopolíticos y geoestratégicos, está en una ubicación privilegiada. Sirve como puente para toda América Latina y el Caribe”.

EE. UU. no se pronunció

Si bien la victoria fue un contundente “sí”, la consulta no obtuvo la fuerza necesaria para, al menos, poner en la agenda de algún organismo estatal estadounidense a Puerto Rico. El Gobierno de EE. UU. no se manifestó de forma oficial sobre la consulta, como tampoco lo hizo el Congreso.

“A ellos nadie les está ofreciendo que se van a volver un Estado. Eso lo tiene que tomar Estados Unidos. Solo el Congreso los puede convertir en Estado y hay unas barreras políticas muy fuertes para que esto pase”, afirmó Bitar.

Adicionó que el del domingo se demostró que el Congreso de Estados Unidos ni siquiera le importó lo que estaba pasando, ya que no se pronunciaron.

Del mismo modo, para Areiza, al Gobierno de Donald Trump, en materia política, no le conviene que la isla se convierta en un Estado, ya que adquiriría dos escaños en el Congreso. “A los republicanos no les conviene. Eso desequilibraría la mayoría que ellos tienen actualmente, ya que ellos saben que Puerto Rico tiende al Partido Demócrata. Por eso, mientras Trump o cualquier republicano esté en el poder, se harán la vista gorda con cualquier cosa que pase en Puerto Rico.

Asimismo, el hecho de que la isla sea completamente hispana podría generar inestabilidad dentro de la Unión. “También  puede generar movimientos de resistencia y perspectivas radicales como el movimiento de Los Macheteros”, indicó Areiza.

Qué viene

El camino para convertirse en Estado no es fácil. A pesar de que la representante de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, Jennifer González, afirmó que el plebiscito era la mejor carta de presentación para mostrarle al legislativo que el pueblo boricua quiere ser estadounidense, el hecho de que solo hayan votado el 22% de la masa electoral le quita peso a la consulta.

Sin embargo, el Gobierno de Rosselló hará los pasos a seguir que hoy mismo comenzarán a darse para mostrar en Washington el sentido del voto del plebiscito del domingo.

Por eso, Rosselló deberá elegir a los miembros que harán parte de una Comisión de Igualdad, quienes serán los encargados de hacer ‘lobby’ en el Congreso para facilitar la anexión.

Rosselló repitió durante la campaña electoral que la consulta contaba con el aval de las autoridades estadounidenses, lo que, desde su punto de vista, quedó refrendado con la presencia de observadores llegados desde EE.UU. para seguir sobre el terreno la votación.

Sin embargo, según los partidos de oposición,  la presencia de los observadores estadounidenses fue para justificar que al país le importa el estatus jurídico de Puerto Rico, después de que en el plebiscito del 2012 sobre el estatus jurídico, la mayoría de puertorriqueños se pronunciara en contra de la presente condición de la isla y votaran, asimismo, por la estatidad. 
Internamente, tanto el PPD como el PIP se interpondrán ante la estatidad. Se jugarán todo el capital político para evitar que la isla sea formalmente parte de Estados Unidos.

Bitar ve difícil que la isla cambie el estatus de Estado Libre Asociado. O sea, que tanto la estatidad como el independentismo no verán prosperar sus ideas en los próximos años. “Puerto Rico tiene unas grandes ventajas al ser un terriorio no anexado de EE. UU. Ellos disfrutan de unos derechos civiles especiales que no tiene ningún otro país de América Latina y el Caribe”.

Por ahora, solo el Legislativo norteamericano está en la potestad definir el estatus de la isla. Sin embargo, las barreras políticas, al menos durante la era Trump, dificultarán las gestiones del Gobierno para ser un Estado.

“Lo más probable es que no llegue a nada. A Estados Unidos no le interesa poner en la agenda a Puerto Rico. Lo que hará la representante González, difícilmente, logre su objetivo”, sostuvo Bitar.

Asimismo, es poco probable que el Estado de la isla logre la independencia en los próximos años. “A pesar de su fuerte influencia, sus actos generan pocas repercusiones para su causa. Por ejemplo, que solo el 1% de los votantes del plebiscito hayan optado por la independencia le quita cualquier tipo de legitimidad política para decir que los puertorriqueños quieren la independencia. En pocas palabras, en la isla no existe el ambiente propicio para su independencia”, concluyó Areiza.