La lucha colombiana contra las drogas cambió de rumbo. Del enfoque en perseguir a los pequeños cultivadores con la fumigación indiscriminada de todo tipo de matas, se pasó con algún éxito al decomiso del producto terminado en su camino a los mercados de centro y norte américa. Antes de finalizar el año 2016 se habían incautado más de 300 toneladas del alcaloide. Un total que supera de lejos los decomisos de los últimos años. Las autoridades interceptaron 219 toneladas de cocaína en 2015, 133 toneladas en 2010, y 92 toneladas en 2003, señaló el ministro de defensa, según El Tiempo de 12 nov. 2016. Dicha droga, con la tasa de cambio en ascenso, tendría un costo superior a los 6.000 millones de dólares. “Esa es una mercancía ilegal de exportación y la devaluación del peso de los dos últimos años explica la mayor rentabilidad de la actividad de exportación de la coca”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Restrepo ha sido reiterativo en reconocer la conveniencia de los decomisos para debilitar las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico.

El informe periodístico cita al jefe de policía antinarcóticos “Hay que seguir erradicando porque eso no se puede dejar de hacer, pero sin lugar a dudas las operaciones de interdicción –ubicar y destruir laboratorios, incautar las sustancias químicas, incautar base de coca y cocaína, y capturar a los grandes narcos– es lo que permite afectar la cadena del narcotráfico”, general José Ángel Mendoza.

En 2016 se desmantelaron más de 105 estructuras tipo laboratorios, con potencial de producción de cocaína de entre dos y cinco toneladas del alcaloide al mes. Algunos de ellos, según la Policía, requieren inversiones de hasta 700 millones de pesos en plena selva. Su destrucción implica un golpe clave a la cadena de la producción, por lo que ubicarlos y destruirlos es ahora un punto alto en la agenda antinarcóticos.

De todas maneras, los carteles a pesar de los golpes, se echan al bolsillo una buena cantidad de dólares provenientes de la producción de coca que si en 2015 fue de 420 toneladas, con el incremento de las áreas sembradas, hoy es mucho más.

La otra estrategia en la lucha contra el monstruo de mil cabezas que debe producir resultados en corto y mediano plazo, es la implementación de los acuerdos gobierno-Farc en este campo. Si la guerrilla fariana era el principal eslabón de la cadena alrededor de la coca, su desmovilización será impactante, a pesar de las disidencias, poco significativas por cierto. En los pactos se estableció que el compromiso no era solo marginarse del negocio, sino además contribuir con su desmonte. La sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos es un buen camino. Ello constituye un reconocimiento del fracaso de la aspersión aérea como el eje de la lucha contra las drogas, además de la erradicación forzada. La relación costo beneficio de la estrategia represiva convenida con los EEUU, es deficitaria en logros. Hemos puesto los muertos, los heridos y los afectados en su salud por respirar el glifosato, mientras otros se enriquecen por la sostenida demanda desde los mercados de consumidores. El pragmatismo de los colombianos para asumir los costos del desmonte de la guerrilla como organización armada, hace falta para entender que mientras haya demanda consumista de drogas, siempre habrá una oferta dispuesta. Mientras vislumbramos la solución definitiva que no es otra distinta a la legalización, seguiremos con picos altos y bajos en esta lucha desgastante.