La invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para asistir a la VIII Cumbre de las Américas en Lima en abril, fue retirada por impedir la realización de elecciones democráticas en su país, reiteró este lunes la canciller de Perú, Cayetana Aljovín.

En declaraciones ante una comisión parlamentaria, Aljovín explicó que la Cumbre de las Américas "es un foro al cual se asiste sólo con invitación, con competencia exclusiva del país anfitrión".

Perú envió las invitaciones a la cumbre en noviembre pasado, cuando el gobierno de Venezuela participaba en un diálogo con la oposición para buscar una salida pacífica a la crisis política y económica en esa nación, indicó Aljovín. Sin embargo, agregó que la invitación a Maduro "se retiró a consecuencia de esa repentina decisión de impedir elecciones libres y democráticas" en febrero.

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"La decisión peruana fue incluida en la declaración del Grupo de Lima que fue emitida el 13 de febrero", recordó la ministra de Relaciones Exteriores. Del mismo modo, señaló que "no puede haber elecciones limpias, libres y justas con presos políticos, sin contrincantes, sin autonomía de la autoridad electoral y sin observación internacional imparcial", ante los comicios anunciados por Venezuela.

La Ministra insistió en que "bajo esas condiciones no habrá una salida democrática a la grave polarización política, sus resultados no serán legítimos ni creíbles, tal como han coincidido en señalar el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE)".

Respecto a la situación de los venezolanos que se han acogido al permiso temporal de permanencia en Perú, Aljovín dijo que "no podemos darle la espalda a quienes huyen de la grave situación política, económica y social que padece ese país hermano". La canciller informó que cerca de 150.000 venezolanos ingresaron a Perú en los últimos meses y que 50.000 han seguido su camino hacia otros países.

"Alrededor de 100.000 venezolanos han optado por permanecer en nuestro país y si la totalidad de ellos trabajaran representaría el 0,6% de la población ocupada en nuestro país", precisó Aljovín al descartar que puedan ser considerados una amenaza para los trabajadores peruanos.