La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció que a pesar del proceso de paz que se viene adelantando en el país, persiste la violación a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas del departamento. La autoridad étnica hizo un llamado a las entidades del Gobierno colombiano, a las instituciones defensoras de derechos humanos y a la opinión pública nacional e internacional a que tomaran acciones correctivas para que estas vulneraciones no siguieran ocurriendo.

Según el comunicado publicado por el Consejo de Gobierno Mayor de la OIA, “siguieron registrándose confrontaciones armadas, ataques indiscriminados, extorsiones, trabajos comunitarios

obligatorios, acceso limitado a servicios básicos, confinamiento, limitación a las prácticas organizativas y de autonomía indígena, así como la estigmatización a líderes y lideresas indígenas; todos éstos hechos son contrarios a los derechos fundamentales, el Derecho Internacional Humanitario y los acuerdos de Ottawa”.

“Señalamos que este tipo de hechos se dan especialmente en los municipios donde están ubicadas las zonas transitorias de normalización, situación que se agrava por el desconocimiento del Gobierno de las realidades sociales, políticas económicas y culturales de los pueblos indígenas, la desarticulación de las instituciones garantes como la ONU, la OEA, la Defensoría del Pueblo con la Organización Indígena de Antioquia en este trascendental proceso”, alertó esta agremiación indígena.

“Invitamos a al Gobierno Nacional, las Naciones Unidas, La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la ONU, a trabajar de manera articulada con la Organización Indígena de Antioquia, de modo que este proceso de paz sea efectivo e incluyente con los pueblos indígenas, los cuales han sido uno de los actores que más ha sufrido los flagelos de la guerra”, agregaron sobre este tema.

Adicional a lo anterior, esta organización étnica subrayó el abandono de las instituciones en los procesos de pedagogía sobre los acuerdos pactados entre las partes negociadoras y los retos que como sociedad debemos afrontar en la etapa del posconflicto.

También reconocieron que existen indígenas, que podrían estar participando en el proceso de desmovilización y de desarme; por lo cual solicitaron al Gobierno su incorporación para participar como garantes “y tengamos conocimiento de cuántos de estos estarían involucrados en el proceso de paz, para iniciar acciones oportunas que permitan un buen término con el proceso de resocialización comunitaria”.

Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación de Antioquia, para que adelanten las investigaciones pertinentes del caso y además de posibles cultivos ilícitos en nuestros territorios y de esta manera se puedan mitigar inmediatamente los riesgos a los que están expuestas las comunidades.

Este comunicado concluyó manifestando la preocupación que tienen estos grupos indígenas sobre el riesgo que corren las vidas de los miembros de los pueblos ancestrales.

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“Los grupos armados ilegales han venido circulando y sembrando terror en los territorios indígenas, con una supuesta lista, donde estarían los nombres de 150 líderes y lideresas indígenas de los departamentos de Antioquia y Chocó que serán asesinados; como organización defensoras de derechos humanos encendemos las alarmas, rechazamos y repudiamos este tipo de hechos. Exigimos el respeto a la vida, a la dignidad, a los territorios y la autonomía, por el bien y la integridad física y cultural de nuestras comunidades y del país.”, agregaron a lo dicho.