Mientras persisten los vacíos jurídicos creados por la Corte Constitucional con los sucesivos fallos sobre el Código de Minas y la Ley de Ordenamiento Territorial, crece el número de municipios que convocan consultas populares contra la minería legal y sale a la luz la permisividad de algunas corporaciones autónomas regionales con la extracción ilegal de minerales. Unido al debate sobre el actual modelo de regalías, este escenario es la tormenta perfecta contra la inversión extranjera en materia de minería.

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Subsanar los vacíos jurídicos es una tarea que corresponde directamente al Gobierno Nacional. Tal como la propia Corte dejó planteado, el ejecutivo debe promover en el Congreso de la República la aprobación de un proyecto de  ley orgánica que determine claramente las competencias en cuanto al uso y explotación del suelo y el subsuelo. Sin embargo, como lo hemos reiterado aquí, el Gobierno no ha pasado de declaraciones de buenas intenciones y de anuncios mediáticos en foros mineros –que se presentaría por fast track, decían- sobre la normatividad, sin que esta haya surtido trámite alguno.

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Entre tanto, tras la consulta popular del fin de semana en Sucre (Santander), otras 44 consultas están en trámite para ser convocadas. Algunas de ellas ya tienen fecha, como son las de Peñón (Santander), Granada (Meta) y Córdoba (Quindío) a finales de noviembre. Con ellas las diferencias entre quienes defienden y quienes se oponen a la industria extractiva seguirán acrecentándose, dificultando la implementación de la normatividad que resuelva los vacíos creados, si es que un día se aprueba.

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Cómo también hemos dicho en el pasado, más grave aún que los palos en la rueda que se le pueda poner a una industria legalmente constituida, que mediante buenas prácticas avaladas por los planes de manejo ambiental que se les exigen pueden adelantar procesos de recuperación de los terrenos explotados, es el avance incontenible de la minería ilegal cuyos personeros, conocedores de los títulos existentes y de los proyectos en ciernes, van tras los territorios en donde se les cierran las puertas a los legales para hacer de las suyas, sin respetar bosques ni aguas.

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Aunque los ambientalistas suelen ser escépticos, el que este escenario es un riesgo real se evidencia la denuncia realizada hace una semana por la Contraloría General de la República, según la cual en siete departamentos del país, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, las corporaciones autónomas regionales (CAR) se han mostrado permisivas con la minería ilegal, hasta el punto de que, según informó la prensa capitalina, muchos equipos de dragado y excavación, quedaron en manos de aquellos a quienes se las habían quitado. De manera preliminar, la Contraloría habla de falta de coordinación entre las CAR y las autoridades para atacar el problema, pero también es clara al indicar que tales corporaciones tampoco han hecho mucho por sancionar a los responsables de la deforestación y la contaminación de los ríos, que es materia de su plena competencia.

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Resulta desalentador ver que el Gobierno no se afane en cumplir su parte para aclarar el panorama de inseguridad jurídica, pero es mucho más descorazonar ver que algunas entidades, más allá de la inacción, lo que hagan sea facilitar las conductas delictivas que seguirán -¿hasta cuándo?- alimentando los prejuicios frente a la legítima actividad minera.