Varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pedirán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigar el rol de 14 directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands en la financiación de grupos paramilitares colombianos entre 1997 y 2004 con 1,7 millones de dólares.
       
La compañía estadounidense, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió hace diez años que había pagado a paramilitares colombianos cerca de dos millones de dólares, según la empresa, "bajo presión", por lo que llegó a un arreglo judicial en Estados Unidos que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
       
Ahora, entidades como la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recuerdan que, a pesar de que Chiquita ya fue declarada culpable en Estados Unidos en 2007 por financiar ilegalmente a grupos paramilitares, no se han investigado a los directivos que implementaron esos pagos.
      
"Si todo este proceso va bien vamos a tener en Colombia un juicio sobre las responsabilidades de los catorce ejecutivos de Chiquita en crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares", explicó este jueves la directora en América de la Fidh, Jimena Reyes.
       
La abogada aseguró que también podría suceder que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recogiera todas las pruebas aportadas y optara por abrir una investigación que supusiera la extradición de estos ejecutivos para que fueran juzgados en La Haya.
       
"Las penas máximas por crímenes de lesa humanidad son 25 años de cárcel, posiblemente sería menos, pero lo que está claro es que estos crímenes no prescriben y hay muchas pruebas", añadió.

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Por su parte, la portavoz de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Kelsey Jost-Creegan, destacó la gran cantidad de indicios que señalan a los ejecutivos, así como la
seriedad de los crímenes cometidos que han tenido "un impacto horrible en las comunidades bananeras".
     
"La empresa respondió, pero no es suficiente, los ejecutivos siguieron haciendo pagos. Si queremos enfrentar la impunidad de las empresas tenemos que hablar de la impunidad de sus ejecutivos", advirtió Jost-Creegan.

En el resumen ejecutivo que los colectivos de Derechos Humanos han elevado a la Fiscalía de la Corte Penal internacional, se asegura que los ejecutivos de Chiquita "tenían conocimiento de las actividades criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia.
       
Asimismo el documento precisa que los directivos de la bananera "estuvieron involucrados en las entregas repetidas de dinero a los bloques de las AUC a pesar del conocimiento que tenían de los crímenes de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y persecución de civiles cometidos".
       
Para los impulsores de esta petición, dirimir casos como el de Chiquita Brands contribuirá a asentar definitivamente "la paz y la justicia en Colombia" y cerrar así las heridas causadas por cinco décadas de guerra entre el Gobierno y las Farc, en el que los grupos paramilitares jugaron un determinante papel.