El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció este lunes las amenazas contra la Fundación Legado y la organización Juventud Rebelde, enviadas por medios electrónicos a nombre de las Auto Defensas Unidas de Colombia, Auc.

La Fundación Legado, agrupa jóvenes, hijos e hijas y familiares, de combatientes de las Farc-Ep, caídos o muertos, mientras que  Juventud Rebelde, es una organización amplia de jóvenes, comprometidos con la construcción de una patria en paz, democrática y con justicia social. En dicha organización militan integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia.

"Desde la firma del Acuerdo de paz han sido asesinados cinco excombatientes, nueve milicianos y once familiares de integrantes de las FARC-EP; para un total de 25 asesinatos, sin que hasta el momento haya sido aclarado uno solo de estos crímenes por la Fiscalía, ocupada en entorpecer la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial para el desmantelamiento del paramilitarismo, en atacar el proceso de paz; y, en tapar los escándalos de corrupción que la afectan directamente, con trucos mediáticos", reza el comunicado de este partido político.

El naciente partido político exigió al Gobierno Nacional plenas garantías para que en el marco de los acuerdos de paz firmados, por lo que estas amenazas no deberían quedar en la impunidad, dada su gravedad. También resaltaron y las consecuencias que tiene para la sociedad, el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente, haciendo referencia a estas organizaciones sociales. 

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Las Farc recordaron que el acuerdo dice que: “…las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas aquí acordados, garantizar la protección de las comunidades y de líderes/as comunitarios, de defensores/as de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil”.

Asimismo, el acuerdo también dice que “el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo".

Por otra parte, en el comunicaco citaron otra parte del Acuerdo en el que se enuncian las “Garantías de No Repetición: el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, y violencia sistemática en particular contra las mujeres , o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Por tanto, el partido político pidió convocar de manera inmediata una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para que se informe de la gravedad de la situación de seguridad que afecta los combatientes en proceso de reincorporación, a sus familias, las comunidades y los territorios donde se encuentran los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, así como aquellos donde históricamente hizo presencia las Farc- Ep.

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El consejo político de las Farc instó  a los ex presidentes Pepe Mujica, Felipe González; a la Misión Política Especial de Verificación de Naciones Unidas, que tiene entre su mandato verificar la Reincorporación política, las garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la vida política; además de la incorporación económica y social; a que tomen nota de esté pronunciamiento para lo que tenga que ver con las funciones que les asigna el Acuerdo.

Finalmente, el comunicado convoca a todos los sectores de la sociedad a pronunciarse y movilizarse al respecto.