Tras un año del acuerdo para el fin del conflicto entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, EL MUNDO revisa a través de entregas, la implementación de cada punto acordado; en este caso lo correspondiente a participación política.
A pesar de las polémicas que ha suscitado en la opinión pública el segundo punto del Acuerdo de Paz, correspondiente a la Participación Política, expertos consultados por EL MUNDO consideran que este es uno de los aspectos en los que ha habido mayor avance; muestra de ello es el hecho de que este punto haya sido aprobado por el Senado de la República y espere su aprobación en Cámara para garantizar la presencia electoral del partido político de las Farc a partir de 2018
Este apartado se centró en el establecimiento de garantías para la participación política, el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales para este fin y la ampliación de la democracia a partir de iniciativas como generación de condiciones para que las organizaciones alzadas en armas hagan el transito a partidos o movimientos políticos con condiciones que propicien la participación y garantías necesarias en el ejercicio del debate público y la protesta social.
"Pasamos de hablar de las Farc como fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y hablamos ahora de una Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, además se pierde el sufijo e.p. de ejercito popular y ese cambio nominal representa lo que, para mucha gente, significaba el proceso de negociación con las Farc y es hacer que sus discursos políticos dejaran de hacerse en el monte con armas y llegaran a las instituciones constitucionalmente establecidas", precisó John Fernando Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín.
El académico agregó como elemento importante en la implementación de este punto, “el hecho de tener garantizada para el próximo cuatrienio (2018-2022) la presencia de diez representantes de Farc ante el Congreso de la República, cinco en Cámara y Cinco en Senado” y alertó sobre la complejidad que representa el hecho de saber si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) va a abordar o no la teoría del Derecho Penal Internacional sobre la cadena de mando.
“Yo creo que este es el tema más delicado en el punto de participación política porque responsabilizaría a los lideres de las Farc, precisamente aquellos que firmaron el acuerdo del Teatro Colón, de los delitos de lesa humanidad cometidos por esta organización en más de medio siglo de conflicto. Este punto es fundamental porque el Derecho Internacional Humanitario consagra que los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiables y quienes los han cometido no podrán participar el política”, apuntó Restrepo.
Al respecto, el jurista, David Suárez Tamayo, indicó que “el tema de la cadena de mando es estrictamente jurídico y no va a generar ningún efecto grave de aquí a Julio que es cuando se posesiona el Congreso. Está claro que la JEP empieza a funcionar entre febrero y marzo, pero de ahí a la fecha de posesión no se van a tener mayores avances en los procesos de investigación. Lo que puede haber es un lío para quien sea presidente del Senado o de la Cámara porque se podría presentar una confrontación en la que los opositores al acuerdo no permitan adelantar las sesiones mientras los miembros de Farc estén en el recinto o que simplemente no se les permita expresarse”.
Por su parte, el ex ministro del Interior, Armando Estrada Villa, señaló que lo acordado en cuanto a participación política se ha cumplido, además agregó que quienes hicieron parte de las Farc tienen ahora su partido político con el debido reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, cuentan con mecanismos de financiación para sus actividades y van a tener sus espacios de difusión como lo consagra el acuerdo.
Estrada agregó como elemento de análisis frente al segundo punto del acuerdo, lo correspondiente a la seguridad, “ahí se ha cumplido porque se permite que los exguerrilleros se capaciten para que puedan obrar como cuerpo de seguridad de quienes serán dirigentes del partido, así que puede decirse que en este punto concreto ambas partes han cumplido y dependerá de las antiguas Farc tener la capacidad de conquistar al electorado”.
Más allá de lo electoral, el punto dos del acuerdo final señala como temas fundamentales lo correspondiente a movilización ciudadana, protesta social y garantías para el ejercicio de la oposición democrática. Al respecto, John Fernando Restrepo recalcó que Juan Manuel Santos orientó su trabajo de dos gobiernos a la firma acuerdo y lo logró, “pero desde el punto de vista del establecimiento cometió un gran error y dejó en el aire temas sumamente sensibles en un país como el nuestro y son temas que tienen que ver justamente con el desarrollo de la democracia, como atender las demandas de la población vulnerable; ahí no ha habido la misma voluntad política y quienes han hecho oposición aciertan al afirmar que no podemos hablar de paz sin atender una serie de demandas sociales que son latentes en nuestro país”.
El partido de las Farc debe aprovechar esta ocasión para promover reformas políticas de verdad y preocuparse, no solo por catapultar electoralmente a sus cabecillas sino por garantizar que los mandos bajos, esos que no aparecen en los medios y no tienen la voz y el voto en esta creación de partido político, efectivamente puedan ser receptores de los beneficios logrados en el acuerdo y puedan hacer una vida digna y de verdadera reinserción donde no exista la amenaza de retomar las armas debido a la falta de oportunidades, Concluyó Restrepo.