Parlamentarios venezolanos dijeron que la Constituyente encabezada por oficialistas es ilegal y además es “un instrumento para consolidar una dictadura”.
El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, rechazó este viernes la "disolución" de esta Cámara ordenada por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, y convocó a los diputados y al "pueblo" a una sesión para este sábado.
"La directiva AN (Parlamento) y diputados de la Unidad no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer Maduro a través de fraudulenta ANC", indicó el presidente de la Cámara a través de Twitter, el opositor Julio Borges.
La presidenta de la ANC, la excanciller Delcy Rodríguez, precisó que la decisión de "asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado" no implica la disolución del Parlamento.
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Sin embargo, Borges consideró que el decreto "de la fraudulenta ANC busca repetir" dos sentencias emitidas en marzo por el Supremo en las que se suprimía parcialmente la inmunidad de los legisladores y la Sala Constitucional se arrogaba las competencias de la Cámara, lo que dio pie a una oleada de protestas que se saldó con choques casi diarios con las fuerzas del orden y más de 120 muertos.
"El golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y Constitución (...) La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo", prosiguió el opositor.
Borges, de la formación Primero Justicia, indicó además que el cuerpo diplomático acreditado en el país acompañará a los más de 100 diputados en la sesión de mañana.
La Constituyente asumió las competencias de la Cámara después de que la dirección del Parlamento rechazase acudir a una reunión convocada por este órgano plenipotenciario al que los opositores consideran ilegítimo y califican de instrumento del Gobierno de Maduro para consolidar una dictadura en el país.