El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, inició este martes el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sustituyan a los 33 jueces que fueron nombrados de manera “exprés” por la Cámara de mayoría chavista que operó hasta fines de 2015.

En esta jornada se realizó una sesión parlamentaria en la que la bancada opositora aprobó un acuerdo de designación de un Comité de Postulaciones Judiciales que se ocupará de seleccionar los candidatos para sustituir a esos magistrados cuyo nombramiento ha sido calificado por el antichavismo como fraudulento.

El proceso se realiza pese a que el mismo Supremo declaró a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en “desacato” casi desde el mismo comienzo de sus operaciones a principios de 2016 y a pesar de que la misma corte desconoció la decisión de la Cámara que declaró nula la destitución de esos magistrados hace ya un año.

La situación de conflicto entre la nueva Asamblea y el TSJ se inició a solo días de que se celebraran las elecciones legislativas el 6 de diciembre de 2015 en las que resultaron electos 112 diputados opositores contra 55 del oficialismo.

El 23 de diciembre de ese año la Cámara, aún en manos del chavismo, designó a trece jueces principales y 20 suplentes en una apurada sesión y la oposición aseguró que no solo el proceso fue fraudulento, sino que los magistrados tampoco cumplen con los requisitos para ejercer estos cargos.

Según la fiscal general, Luisa Ortega, la “falta de legitimidad” de estos jueces es un factor que ha contribuido a que la máxima corte “no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino por el contrario (de) lo que se encarga es de acelerar la crisis”.

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Esta crisis tiene que ver con la ola de protestas que se inició el 1º de abril pasado, disparada por la decisión del Supremo de asumir las competencias del Parlamento y que en la actualidad se mantiene en desarrollo bajo la principal solicitud de que se abran puertas electorales para que los venezolanos decidan si quieren que continúe el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las protestas, que no han cesado desde entonces, han dejado hasta ahora 69 fallecidos, cientos de heridos y de detenidos, según la Fiscalía, y han dado pié a una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas por las fuerzas de seguridad que han contenido las manifestaciones.

Este martes el líder opositor venezolano Henrique Capriles dijo que un grupo de uniformados disparó directamente a la cabeza a varios manifestantes que trataban de escapar a nado de un escenario de protesta en el estado Anzoátegui (noreste), una denuncia que acompañó de un vídeo del suceso.

La Asamblea Nacional también aprobó este martes un acuerdo en rechazo de la “persecución judicial” que, a su juicio, se produce en contra de 30 de los 80 alcaldes de la oposición que tienen abierta al menos “una medida” en algún tribunal.

El Gobierno de Maduro, por su parte, solicitó al papa Francisco, a través de la nunciatura apostólica de ese país, que sea intermediario con la oposición para mantener a los niños y adolescentes “al margen” de las manifestaciones que sacuden al vecino país, y que desencadenaron escenarios de violencia.

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En una carta dirigida al papa, el Gobierno solicitó su intermediación con factores de la oposición para “mantener al margen de los hechos que vienen suscitándose en el país de movilizaciones violentas a los niños, niñas y adolescentes”.

Este miércoles y lo que resta de semana continuarán las protestas antigubernamentales de acuerdo con la convocatoria hecha por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Se realizará un nuevo “plantón” en las vías principales del país y en el caso de Caracas habrá concentraciones en cinco puntos del este de la ciudad, mientras que en el oeste, considerado un bastión del chavismo, esta actividad se llevará a cabo “en cada punto posible”.