Organismos internacionales y países como España, Estados Unidos, Chile, México y Colombia ya han expresado también su rechazo la destitución de la fiscal.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazó este lunes la destitución de Luisa Ortega como fiscal general y el nombramiento de Tarek William Saab en su lugar. Cambios hechos por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno.
"La decisión de remover a la fiscal general de la república adoptada por el órgano constituyente espúreo es absolutamente nula e inexistente porque implica usurpación de las atribuciones constitucionales" del Parlamento, dice el acuerdo aprobado en el Legislativo, por la contundente mayoría opositora que lo controla.
El Parlamento recordó que la facultad para designar al fiscal, al ombudsman y al contralor es una de sus competencias exclusivas, por lo que consideró nulos los actos de remoción de Ortega y la posterior designación de quien era defensor del pueblo como titular de la acción penal.
Sin embargo, la plenipotenciaria ANC, acusada de fraudulenta por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, concretó estas decisiones el sábado en su primera sesión de trabajo, cuando también anunció que constituiría una Comisión de la Verdad para establecer responsabilidades por la violencia en el país.
El Parlamento rechazó también que la sede del Ministerio Público haya sido tomada por decenas de militares que "impidieron por uso de fuerza acceso" a Ortega poco antes de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comunicara a la ANC la decisión de "suspender" a la exfiscal para avanzar en un enjuiciamiento en su contra.
Con todo, el Legislativo acordó "respaldar a la fiscal Luisa Ortega Díaz en su determinación de continuar en el desempeño de las funciones para la cual fue designada por la AN", así como "deplorar la violación del derecho del debido proceso cometida por el TSJ y por el órgano supuestamente constituyente".
La exfiscal se distanció del Gobierno en los últimos meses y lo acusó de cometer terrorismo de Estado por la "represión" de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones ciudadanas que iniciaron el 1 de abril y que han dejado 121 muertos.
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