La aspirante presidencial y senadora Claudia López sigue su guerra frontal contra la corrupción. Con otros miembros de la Alianza Verde inscribió ante la Registraduría una consulta popular anticorrupción.
Consulta anticorrupción
Un comité promotor de la Alianza Verde, liderado por la senadora y precandidata presidencial Claudia López, inscribió ayer ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una consulta popular contra la corrupción. Se pretende con este mecanismo de participación ciudadana poner a consideración de los colombianos siete temas para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas que cometan actos corruptos contra los recursos públicos. La consulta popular es un mecanismo muy exigente en el número de firmas (5 millones) y votos requeridos para su aprobación (11 millones), pero tiene la gran ventaja de que lograda la votación, lo aprobado en la consulta es de obligatorio cumplimiento. Si el Congreso se niega a aprobar las normas anticorrupción ordenadas por la consulta, el presidente de la República debe sacarlas por decreto.
Código electoral
A propósito que ayer se instaló la Misión Electoral Especial, que hace parte de los compromisos adquiridos para la implementación del Acuerdo Final en el punto de “Participación Política” con las Farc, recordábamos con el experto electoral Guillermo Mejía Mejía que en los 26 años de vigencia de la Carta Política del 91 han fracasado por lo menos seis intentos en el Congreso de la República de dotar al país de un moderno, actualizado y ordenado en un solo texto Código Electoral, puesto que muchas de las normas en este sensible tema siguen hoy dispersas en varias leyes. El último Estatuto Electoral data de 1986, el cual fue promovido por el ministro de Gobierno de la época Jaime Castro y el registrador nacional del Estado Civil de entonces, Humberto de la Calle. En el 2005 el CNE que le correspondió integrar a Mejía Mejía estuvo a punto de coronar un Código Electoral muy completo. Hizo tránsito completo por la Cámara, pero la comisión primera del Senado lo hundió. Luego el exviceministro del Interior en Asuntos Políticos, Juan Camilo Restrepo Gómez, hoy gerente de Augura, también lo intentó, pero igualmente fracasó. Guillermo Mejía va a analizar lo que se planteó ayer en la instalación de esa Misión Electoral para luego hacernos unos comentarios. Al respecto, hay que mencionar que la creación del partido político de las Farc implicará reformas a la Constitución del 91. Y hay que decir que por poquito Guillermo Mejía casi hace parte de esa Misión Especial Electoral, pues hizo parte de la terna que postuló el registrador nacional. Todo un honor. Pero ojalá siga en este 2007 como eficiente asesor del gobernador. Si quieren apúntenmelo como cuota mía. Jiji.
Belén de Bajirá
No sólo una gran comitiva del Gobierno de Antioquia hizo presencia en el corregimiento de Belén de Bajirá sino que hay que dar a conocer que de la carta que el gobernador Luis Pérez envío al ministro del Interior para enterarlo que su homólogo del Chocó y el alcalde de Riosucio mantienen ilegalmente un inspector de policía en Belén de Bajirá, cometiendo delitos como usurpación de funciones y peculado, se deduce que ya la Administración seccional antioqueña “ha iniciado acciones legales, contenciosas, penales, fiscales y disciplinarias, que pueden llevar hasta la destitución del gobernador del Chocó e inhabilitarlo en el ejercicio de sus funciones”. Luis Pérez le pide al MinInterior que intervenga para lograr el retiro del usurpador, pues de lo contrario Antioquia tendrá que recurrir a medidas de policía que obliguen a pedir la salida del funcionario chocoano, toda vez que la diplomacia falló y los vecinos fueron muy groseros ante las peticiones de los antioqueños.
Contundente
En la misiva de Antioquia al MinInterior son muy concretos los argumentos de Antioquia para demostrar que Belén de Bajirá es de Antioquia, así: “En el 2007 el Consejo de Estado anuló una ordenanza de la Asamblea del Chocó que de manera folclórica creó el municipio de Belén de Bajirá, el Consejo de Estado aseveró que el territorio de Belén de Bajirá es de Antioquia y que la Asamblea del Chocó no puede crear municipios fuera de su territorio. El 15 de diciembre de 2016 las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara devolvieron el informe del Igac sobre este diferendo por dos razones, como consta en los informes de comisión. Primera porque el Igac no es competente para dirimir un problema limítrofe cuando los límites no son dudosos. Y segunda, como lo explicaron todos los ponentes, ese territorio ha sido siempre del departamento de Antioquia y la ley que creó el departamento del Chocó prohíbe quitar territorios al Valle, Caldas y Antioquia”. Buen y conciso resumen.
La Esap
Dos buenas novedades por la Escuela de Administración Pública para este 2017. Para el primer trimestre de 2017 tendrá dos metas claras: 1) La acreditación institucional de la maestría y la re-acreditación de su programa de Administración Pública. Y 2) La adecuación y entrega de siete nuevos campus en toda Colombia para que el estudiantado de estratos socioeconómicos del 1 al 3 pueda acceder a sedes que dispongan de las mismas comodidades de establecimientos universitarios privados, zonas verdes, bloques especializados en tecnología e investigación, espacios para actividades deportivas, y en general una infraestructura que propenda por el sano ambiente académico. Y como aporte a la capacitación para el posconflicto, la Esap continuará implementando la segunda etapa de la caja de herramientas disponibles para los 100 municipios seleccionados, en 2016, por el Ministerio del Posconflicto. Este 2017 se instalará el programa en 127 nuevas poblaciones colombianas.
Muy queridos
Congresistas del Centro Democrático cedieron sus esquemas de seguridad para reforzar el del exministro Fernando Londoño, debido a que le fue reducida de manera drástica. Ante ello nueve congresistas del CD, por iniciativa del senador Alfredo Ramos Maya, enviaron una carta dirigida al director general de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto, para solicitarle, en vista de esta situación, que sus esquemas de seguridad pasen a reforzar de manera inmediata al esquema del exministro, quien fuera víctima de un atentado terrorista perpetrado por las Farc, en el cual murieron dos de sus escoltas. Esta proposición surge por las constantes amenazas que el exministro ha recibido y que ponen en peligro su vida. La misiva está firmada por los senadores Thania Vega, Carlos Felipe Mejía y Alfredo Ramos Maya, y los representantes a la Cámara, Federico Hoyos, Samuel Hoyos, Fernando Sierra, Wilson Córdoba, Carlos Alberto Cuero y Rubén Darío Molano.
Acción humanitaria de Sofía Gaviria en La Guajira
La senadora liberal antioqueña Sofía Gaviria Correa inició su acción política y social en el 2017 con una brigada de salud en el departamento de La Guajira, la cual contó con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Esta atención médico asistencial, que lideró la congresista, prestó sus servicios en las comunidades más vulnerables de los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia.
Para tal fin, se desplazaron hasta esos territorios 30 profesionales de la salud, que atendieron y brindaron medicamentos a más de 2.500 personas (especialmente niños y madres gestantes).
La legisladora reveló que de los menores evaluados, se detectó que un 70% estaba en estado de desnutrición crónica y se identificaron 90 casos de niños en situación grave de desnutrición, que a través de la EPS Coosalud, que acompañó la brigada, fueron remitidos a entidades prestadoras de salud, para que se encarguen de la recuperación urgente que requieren.
Paralelamente y gracias a la generosidad de empresas como Postobón y a las gestiones del periodista Herbin Hoyos, se repartieron entre las personas atendidas donaciones de alimentos y bebidas. Como balance de la actividad, la senadora Gaviria Correa declaró que “lo que hallamos fue poblaciones totalmente desamparadas por el Estado. Los niños que logran sobrevivir al hambre quedan marcados para siempre con una cicatriz biológica causada por su desnutrición crónica. Faltan programas, infraestructura y especialistas en atención a salud primaria y promoción de la salud. Hasta el momento no se nota ningún avance del Iba hacia el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Cidh. La negligencia por parte de las instituciones responsables del cuidado de estas comunidades es indignante”, enfatizó.