No he sido, afortunadamente, el único en llamar reiteradamente la atención sobre el mecanismo perverso de la JEP, engendro que hace trizas todos los fundamentos jurídicos y políticos de la democracia y precipita el país en las garras de una burocracia parapolicial, doblada de tribunal, cuyos propósitos son la vendetta, la revancha y el establecimiento de un régimen de terror. La JEP es un híbrido entre Checa y Comité de Salut Public, congruente con el régimen leninista que gobierno y Farc están imponiendo al país.

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 A la escogencia de 51 magistrados de diferentes matices de extrema izquierda ha seguido una bien orquestada campaña mediática para hacer creer que de la supia jurídica, el siniestro comité de selección, sacó un personal irreprochable, ecuánime, pluralista, imparcial y altamente calificado.

Ante este peligro, inminente y evidente para lo que queda de democracia en Colombia, era previsible la reacción del Centro Democrático anunciando un movimiento para la realización de un referendo revocatorio de la JEP. Por su parte, Cambio Radical anunció voto negativo para la Ley estatutaria de esa peregrina jurisdicción, con argumentos incontrovertibles.

El pánico ante la posible negativa de ese proyecto de ley por parte de un Congreso engrasado, hasta entonces dócil y plegado, provocó en el eje Santos-Timo la más febril reacción. El presidente dictó, sin pararse en pelillos, el decreto reglamentario de una ley inexistente, atreviéndose a una pirueta jurídica sin precedentes, “conexa” sin duda alguna, con el golpe de Estado permanente que rige al país desde el 2 de octubre de 2016.

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Y a continuación, en un glucoso almuerzo en palacio, cuadró a los integrantes de las comisiones primeras de ambas cámaras. Estos prohombres y prohembras  caminaron luego dos cuadras para aprobar en primer debate un centenar de artículos de la JEP en menos de 20 minutos, tiempo recomendado por los dietistas entre copiosa ingesta y conveniente siesta.

En un país cada vez más acostumbrado—como el sapo al hervor paulatino que lo ha de matar— a esta sucesión de lo que antes hubiera sido escandaloso, pocos se han percatado  de los efectos del injerto de un esqueje comunista en el tronco exánime de nuestra agonizante democracia.

El senador Alfredo Rangel, en una página tan aterradora como irrefragable,  ha recopilado los treinta peores micos de la JEP (http://www.periodicodebate.com/index.php/welcome/item/16714-cd-803), de obligatoria lectura para los congresistas que quieran votar en conciencia en estos tiempos,  cuando esta ha sido sustituida por la orden superior de “la bancada”.

A continuación, en un debate parlamentario, el fiscal general no se dejó amedrentar por una senadora entre amazona y Gorgona. En cambio, no me pareció satisfactorio el resto de su intervención. El doctor Martínez, como obtuvo tres modificaciones en la reglamentación de la JEP, salió triunfante del recinto declarando: “Debo decir que estas precisiones enriquecen mucho y subliman los valores de la ética en la paz, para lograr construir un proyecto de ley que podrá servir a la jurisdicción de transición”.  Y agregó que “ahora (él) sí daba su visto bueno al principal proyecto para implementar el acuerdo con las Farc”. (https://www.elespectador.com/noticias/politica/batalla-entre-la-justicia-y-la-politica-articulo-716519).

Entonces, con tres pañitos jurídicos de agua tibia se da vida libre a un estatuto que no tiene nada aceptable, conveniente ni rescatable, porque efectivamente constituye el instrumento más letal para someter al país.

La única esperanza que queda entonces, para detener in extremis la JEP, reside en Cambio Radical y en la responsabilidad de su máximo orientador, el doctor Vargas Lleras.