Somos conscientes de que implementar los acuerdos firmados, que buscan hacer realidad una paz estable y duradera, no será tarea fácil; exige aún mayores esfuerzos que los realizados durante la negociación en La Habana.

Desarrollar de manera exhaustiva los puntos de dicha agenda implica introducir un cambio drástico en toda la estructura agraria, en las políticas de lucha contra el narcotráfico y en los mecanismos de participación ciudadana; también, en la reparación integral a ocho millones de víctimas, en la construcción de la memoria histórica que impida la repetición de esta pesadilla de más de 50 años y en la adopción de un sistema de justicia transicional que clarifique todos los delitos cometidos. Por igual conlleva el surgimiento de una nueva institucionalidad que de verdad consolide el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución del 91.

En síntesis, se trata de que desaparezcan los factores estructurales que dieron pie al conflicto armado, y que emprendamos la tarea de concretar una auténtica apertura democrática, no lograda, hasta ahora, por la vía legislativa o institucional.

El problema no consiste en que haya sectores que consideran que el gobierno cedió demasiado a la guerrilla: ello sería irrelevante. Hay partidos políticos como el Centro Democrático y ahora Cambio Radical que se oponen a los acuerdos de paz y a su implementación, así que atraviesan palos en la rueda para que no avancen procesos que consideran que afectan sus intereses, visión y estructura de poder. Una mentalidad sempiterna y dañina para la buscada perfección de nuestra democracia.

La continuidad del conflicto armado y sus implicaciones favorecía los intereses del gran capital, a algunos terratenientes y usurpadores de tierras. Son sectores opulentos, enquistados en la estructura política de poder, que no han dejado desarrollar la Constitución, que no quieren que se afiance la lucha contra la pobreza y la miseria, ni que haya una mayor distribución del ingreso nacional. No les importa que Colombia siga siendo uno de los países más inequitativos del mundo.

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Cuando se habla del problema agrario y de las pretendidas y siempre frustradas reformas, de inmediato estos sectores contraatacan diciendo que corre riesgo fatal la propiedad privada: eluden un cambio integral de la estructura agraria que significaría el regreso de los verdaderos dueños a las tierras arrebatadas.

Además, tratan de impedir que las víctimas del conflicto armado reciban reparación, que se conozcan las causas de la violencia y se haga justicia. Intentan evitar que sean investigados y sancionados muchos de los culpables de masacres, despojos y desapariciones; solo quieren ver tras las rejas a los guerrilleros y no a los financiadores de cientos de asesinatos con origen paramilitar y en algunos casos oficial. Tampoco les gusta el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, JEP, así que hacen esfuerzos para torpedear su funcionamiento porque se saben responsables –en su mayoría- de tanta destrucción, señalando para otro lado.

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Está en manos de todos los colombianos, sobre todo de las víctimas del conflicto, de los campesinos, la academia, los estudiantes, los demócratas y de los luchadores por la paz, que estos sectores aliados a oscuros intereses no impongan su voluntad. Que entre todos diseñemos, construyamos y recorramos el camino de la reconciliación y la paz que nos merecemos como sociedad hastiada de violencias de todo género.

Nota: El presidente Juan Manuel Santos tuvo la osadía de exigir a las mayorías parlamentarias, firmeza en la defensa de la JEP. ¡Así se obra!!