El populismo judicial, evidente en el show mediático montado para dar cuenta del avance de las investigaciones de cualquier ente de control, en el fondo viola claros preceptos constitucionales, como el debido proceso y el derecho a la defensa, y alimenta una sensación de desconfianza ciudadana, al tiempo que deja al descubierto preocupantes sesgos en el combate a la corrupción y a los delitos contra la administración pública.
Ha hecho carrera la práctica de “hacer noticia” con dichas indagaciones. Aunque una acusación contra una persona o entidad tenga asidero probatorio, no puede llevar al señalamiento como culpable, ya que el proceso no ha terminado, y no existe pronunciamiento del juez respectivo. Están sentenciando vía medios de comunicación, antes de la imputación de cargos.
La opinión pública celebró que los líderes de los tres entes de control formalizaran un frente común para combatir las diferentes manifestaciones criminales, que ha producido certeros golpes a la delincuencia y a algunas formas de corrupción. Pero en el caso de la Fiscalía se observa un manejo sesgado de imputaciones a funcionarios públicos, líderes políticos, empresas y organizaciones, sobre todo vinculados con el proceso de paz, al margen de las debidas garantías procesales.

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Más grave aún: hay selectividad a la hora de pregonar algunos resultados, mientras se engavetan investigaciones que involucran a ciertos líderes políticos o gremiales, de relevancia social o económica. Si acaso se llega a la condena, esta resulta ridícula, y no conlleva ningún tipo de castigo social; es el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien recibió pena menor y la orden de devolver solo el 4 % de las regalías del departamento, que malversó. 
Aquí juegan papel clave grandes firmas de abogados, mañosas, intensas en hacer lobby según sus intereses, diestros en desprestigiar alguna medida en contra de sus clientes y expertos en habilitar trabas a la marcha de la justicia y manejar los medios de comunicación. Solo aceptan los casos más sonados para asegurar fama e ingresos, mientras el resto de los colombianos no tiene cómo defenderse.
Otros casos, aunque no avanzan, siguen siendo rentables en términos de figuración mediática, léase Reficar, Odebrecht, cartel de la toga, algunos falsos positivos. Pero no producen ruido las investigaciones para establecer quiénes apoyan grupos ilegales que asesinan o amedrentan a defensores de DD HH y a líderes sociales, ni los grandes casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. 
Debemos respaldar el esfuerzo que caracteriza a los entes de control, pero también vigilar que no prosperen las prácticas que aquí describimos, o las preferencias tocadas por intereses políticos.
Si algunos integrantes de las antiguas Farc no cumplen con la entrega de todos los bienes que reunieron, para la reparación de sus víctimas, deben ser excluidos de los beneficios jurídicos y políticos consagrados en el acuerdo de paz, y llevados a la justicia ordinaria. Pero percibo un desmedido afán del señor fiscal por imputar cargos a desmovilizados, sin la debida mediación de garantías procesales. Las versiones sobre supuestos testaferros nos genera incertidumbre sobre las “pruebas reinas” que con tanto bombo se anuncian; pareciera que predomina la intención de tapar otros casos de los que la opinión pública espera resultados. Ojalá esté equivocado, pero siento que hay mucha oscuridad en ese proceder.
Nota: todo parece indicar que los discursos distorsionadores de la verdad, impulsores de la mentira y el odio, no van a tener los resultados que sus promotores esperaban. La ciudadanía ha empezado a reaccionar y entender el mal que le hacen a la sociedad y la falsa argumentación que los inspira.

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