Un año después de la crisis energética que estuvo a punto de llevar al país a un apagón y que obligó al Gobierno Nacional a lanzar un salvavidas a las generadoras térmicas para mitigar la crisis económica a la que se vieron abocadas, sin entregar cuentas claras al país sobre el destino dado a los dineros del cargo por confiabilidad pagado durante años por los usuarios y que debía garantizar su operatividad, el sistema eléctrico colombiano recibió ayer un respaldo a la confiabilidad de su sistema de despacho gracias a la puesta en operación de la Planta de Regasificación que la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), construyó en la bahía de Cartagena y que está en capacidad de poner a disposición del mercado nacional 400 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas natural.

Con una inversión de US142 millones en infraestructura y un leasing internacional para obtener la embarcación destinada a recibir las importaciones del fluido licuado y devolverlo a su estado gaseoso, la operación de este proyecto estará centrada inicialmente en proveer de gas natural a las generadoras Termobarranquilla, Termocandelaria y Celsia Zona Franca, de modo que los beneficios de la planta serán notorios inicialmente en el sector eléctrico, pues se habrá eliminado en gran medida el riesgo de que, como el año anterior, las generadoras térmicas no puedan suplir a las hidroeléctricas por escasez del combustible, en momentos en los que se presente una nueva temporada extremadamente seca u otro caso fortuito ponga en riesgo la oferta de energía hidroeléctrica.
Que las condiciones actuales del sistema energético no sean críticas no quiere decir que el país no deba alegrarse por la entrada en operación de la Planta de Regasificación, pues como se hizo notorio en el pasado Congreso de Naturgas, celebrado en marzo en Cartagena, el declive de los yacimientos más importantes con que ha contado el país, como son los de Ballena y Chuchupa, en La Guajira, son año tras año más notorios desde 2014, y si bien los campos de Cusiana y Cupiagua han venido aumentando la producción y lo campos de los valles medio y superior del Magdalena han sumado sus aportes, la crítica situación de la exploración, debido a los bajos precios del petróleo, hacían de la importación la mejor alternativa para garantizar el abastecimiento interno a largo plazo, no sólo en el sector energético sino también en el industrial y en el residencial, este último presente ya en alrededor de 930 municipios del país.

De hecho, la opción de la importación estaba contemplada de tiempo atrás por las autoridades minero-energéticas del país. Tras la suspensión de las exportaciones de gas a Venezuela, a mediados de 2015, estaba pactado que el vecino país iniciaría la exportación del fluido hacia Colombia el primero de enero del presente año. Sin embargo, el Fenómeno de El Niño fue usado también como excusa por el régimen de Nicolás Maduro para incumplir lo contratado y al día de hoy, pese a que en julio y en septiembre pasados la estatal venezolana Pdvsa anunció “estar lista” para iniciar la exportación de 50 mpcd desde los campos del Golfo de Venezuela, no se ha comprometido con una fecha concreta ni el Gobierno colombiano se ha manifestado al respecto. Tuvo que ser la iniciativa privada la que tomara la opción, accediendo, mediante la nueva planta, a la oferta de los mayores productores mundiales de gas natural, como son Rusia, Australia y los países del Medio Oriente. La posibilidad de importar gas licuado ha sido recomendada también por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que propuso al Gobierno la construcción de una planta en Buenaventura, opción que depende, fundamentalmente, de conseguir un inversionista.

La principal pregunta que nos surge respecto a la entrada en operación de la Planta de Regasificación es el uso que se le pueda dar a la sobreoferta de gas que, al menos en ausencia de sequía, podría presentarse. Si la Planta puede poner en el mercado 400 mpcd de gas natural y sus clientes iniciales sólo van a usar entre 130 y 150 mpcd, según datos de Spec, la misma bien podría proveer el combustible a otros sectores de la economía, o bien para garantizar el suministro en caso de contingencias o bien para aportar a la expansión del mismo en las zonas del país que aún no lo tienen. En cualquier escenario, surgiría de nuevo la problemática del transporte: cómo llevar el gas desde el punto de producción hasta el sistema nacional de transporte. El Gobierno había anunciado en marzo que para junio tendría una resolución con las condiciones para facilitar la participación de terceros en este eslabón de la cadena del gas, pero para sorpresa nuestra, hoy día la resolución sigue siendo un proyecto en discusión por parte del sector. Esperemos que el próximo Fenómeno de El Niño no vuelva a poner en evidencia la lentitud de nuestras instituciones.