Melissa Pérez Peláez

De acuerdo con el vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, Ramón Javier Mesa, la universidad pública tiene un desfinanciamiento “…de $15 billones de pesos, los cuales se han estimado en $1,4 billones de base presupuestal para atender gastos de funcionamiento y $13 billones de recursos para inversión”. Esto, por supuesto, genera una preocupante desproporción entre el aporte en pesos a la universidad pública y “la canasta de servicios educativos ofrecidos”, para decirlo en palabras del profesor Ramón Javier.

Este desfinanciamiento a la universidad pública es consecuencia del impacto económico de la ley 30 de 1992, ley que dicta que las transferencias que reciben las universidades públicas deben corresponder de acuerdo con el comportamiento del IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero el problema es que los gastos de funcionamiento, inversión y de personal han aumentado 5,9 puntos porcentuales por encima del IPC entre el 2010 y 2017, según explica el profesor Francisco Cortés. 

Vea: La movilización social como acto de resistencia

Y como si fuera poco, con la intención de reunir recursos para la educación pública, el gobierno se ingenió una reforma tributaria (Ley 1819 artículos 184 y 102) que sólo sirvió para desviar recursos al Icetex y así financiar matriculas en universidades privadas y el programa de Ser pilo paga; en últimas, esta reforma tributaria sólo sirvió para quitarle aún más presupuesto a la universidad pública e inyectarlo a la privada.

La universidad pública, en un intento por dar una solución inmediata a esta desfinanciación, comenzó a generar sus propios recursos. Según explica el profesor Ramón Javier, el 50% del presupuesto de las universidades se debe a que esta comenzó a generar recursos propios para su financiamiento. Sin embargo, como toda medida de emergencia, no se tuvieron en cuenta o se prefirió ignorar los costos de sus soluciones y los problemas que a largo plazo se generarían: poner a la educación, al conocimiento y a la ciencia al servicio de las lógicas empresariales y mercantiles. Y hasta este punto se hace más que comprensible la preocupación de los profesores y estudiantes de las universidades públicas cuando preguntan si la universidad se debe organizar como una empresa para no quedarse sin presupuesto.

¡Y las cosas tienden a empeorar! La educación pública, crítica e independiente de las lógicas mercantiles no es conveniente para un gobierno que claramente tiene puestas todas sus energías en el fortalecimiento y robustecimiento de los ya de por sí grandes empresarios. La universidad comenzará una carrera desesperada por convertirse en una empresa exitosa, eliminando de su camino todo aquello que no contribuya en la generación de recursos económicos: pensamiento crítico, los programas de humanidades tales como filosofía, ciencias sociales, ciencias políticas, entre otras.  Con el éxito de esta carrera, de acuerdo con el profesor Cortés, se acabará el problema del desfinanciamiento de la universidad “pública”, pero ya no tendremos universidad, tendremos tan sólo “una empresa con negocios académicos”.

Además: Torpe y desesperada guerra del gobierno actual contra el narcotráfico