La reunión de Cartagena para “verificar” el avance de la implementación de los acuerdos con las Farc lega a las instituciones colombianas nuevas cargas y amenazas.
El encuentro de “verificación” del acuerdo con las Farc, que reunió al presidente Santos; los expresidentes José Mujica y Felipe González, y a miembros del secretariado de esa organización, dejó el compromiso del Gobierno Nacional de dar posesión a los magistrados de la JEP antes del 15 de enero, o sea coincidiendo con el fin de la vacancia judicial y antecediendo la publicación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que crea ese mecanismo y el estudio de constitucionalidad de la ley estatutaria que lo reglamentó. El presidente también se comprometió a impulsar la defensa del acuerdo ante la opinión pública. Por el lado de las Farc, legó su amenaza de interposición de acciones internacionales, con más efecto político que jurídico, contra los que ese grupo califica como incumplimientos del Estado en la implementación.
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El desbalance de la reunión es representativo del desequilibrio del acuerdo suscrito, contra la voluntad de los colombianos, el 24 de noviembre de 2016, tema que hemos tratado a espacio, así como de la inequidad de la implementación, representada en las decisiones legislativas y los decretos reglamentarios, así como en la falta de acción por la paz y la reconciliación. Del desbalance es primordialmente responsable las Farc, organización con las mayores responsabilidades en el conflicto y los menores deberes en la implementación de la paz.
Las Farc se comprometieron a desmovilizarse y desarmarse. A la fecha, el país no tiene detalles sobre la desmovilización de guerrilleros y milicianos, tampoco ha contado con el compromiso de ese grupo de ayudar al Estado con información que permita combatir a las crecientes disidencias que ocupan territorios abandonados por ese grupo. El desarme también fue parcial, pues a noviembre pasado se registraba la existencia de 248 caletas no entregadas a la ONU ni descubiertas por la fuerza pública, existencia que ha corrido paralela con el rearme de las disidencias.
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La organización desmovilizada no ha empezado a cumplir con sus obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición con las víctimas. La escasa verdad que ha salido a flote sobre sus crímenes se ha conocido por la presión de las organizaciones de víctimas que la han dado a conocer, a pesar de la sordina para ellas impuesta en los medios de comunicación y canales oficiales de divulgación. Para el fondo de reparación, la organización no aportó sus bienes, en cambio sí ofreció fruslerías con las que hizo otra afrenta a la sociedad colombiana. Para garantizar la no repetición tendrían que estar contribuyendo con el desmantelamiento de las disidencias, el desminado humanitario del 47% del territorio nacional, afectado por esos artefactos.
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Las obligaciones de las Farc incluían también su contribución con la erradicación de los cultivos ilícitos y un mínimo aporte, pues no se les exigió entregar rutas y contactos, a terminar con el problema del narcotráfico. No obstante empeños significativos, y sumamente arriesgados, de la Fuerza Pública, los cultivos ilícitos y la producción de cocaína perviven, junto a la violencia que causan, como uno de los más graves problemas que Colombia tiene que resolver, como lo señaló Europol el pasado diciembre, cuando declaró su preocupación por el “masivo incremento en la producción de cocaína en Colombia en los dos últimos años”.