La inaceptable invitación que las Farc, organización todavía armada y no desmovilizada, hicieron a quince alcaldes de La Guajira para que conocieran el segundo acuerdo final e iniciaran el proceso de armonización de los planes de desarrollo a ese documento ha causado una nueva crisis con grandes impactos, en tanto está evidenciando diferencias entre las partes de ese acuerdo e incumplimientos por los responsables de vigilar su correcta implementación.

El capítulo más reciente fue escrito por Rodrigo Jiménez, a. timochenko, jefe de las Farc, quien increpó al comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, por haberle recordado a esa organización que mientras no se desarme y desmovilice está impedida para convocar encuentros directos con autoridades civiles u organizaciones ciudadanas, y que el hacerlo constituye una violación al acuerdo.

El comisionado tiene sólidas razones jurídicas para su exigencia, toda vez que ni la Farc ni cualquier otra organización tiene derecho a desconocer la institucionalidad y sus reglas de juego para pretender interlocuciones directas con autoridades elegidas democráticamente y regidas por un exigente orden jurídico. Si de lo que se tratara fuera de la armonización prevista en los acuerdos, no pueden olvidar los farianos que ese procedimiento debe cumplirse mediante consejos de participación plurales, o sea no farianos, cuya estructura aún no se define y reglamenta.

Al Gobierno también le asisten razones de orden público para prohibir el encuentro que pretendían las Farc. Así esté en tránsito a su reintegración a la sociedad, esa organización es un grupo en armas con una tenebrosa historia como agentes de terrorismo en los territorios donde se asentaron, como el departamento de La Guajira. Mientras sigan armadas y mientras el Estado no ejerza control territorial, autoridades y ciudadanos seguirán temiendo a su capacidad de amenaza y daño. Y si a esa condición le agregan, como pasa en La Guajira, gozar del refugio de un país vecino, como Venezuela, es impensable considerar que una reunión de Farc y alcaldes es un encuentro libre en condiciones democráticas y garante de los derechos civiles.

Las exageraciones de las Farc al interpretar los acuerdos como una refundación del orden institucional y la necesaria cortapisa que el Gobierno debe poner a estas pretensiones deberían poder ser discutidas y resueltas ante el Mecanismo de monitoreo y verificación. Esta instancia, sin embargo, renuncia a su calidad de mediadora con intervenciones tan inexplicables como la del general Pérez Aquino, que certificó, sin ofrecer datos creíbles o comprobables, el fin del proceso de dejación y registro de las armas de la guerrilla.