La oposición venezolana decidió sumarse a la medida de nulidad judicial interpuesta por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ante el Tribunal Supremo de Justicia para bloquear la elección de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución.

Aunque aún no hay un pronunciamiento formal por parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a través de las redes sociales los dirigentes pidieron al ciudadano común que firme este recurso.

Para ello la oposición estableció un "operativo legal" para que todos los ciudadanos que quieran sumarse a este recurso puedan hacerlo con el apoyo de juristas voluntarios.

El parlamentario de oposición José Manuel Olivares señaló: "Le pedimos a todo venezolano de bien llegar al TSJ y firmar el recurso de la fiscal en contra de la estafa Constituyente".

Asimismo, el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, invitó a sumarse al recurso, y resaltó que "si cientos de miles de venezolanos se suman a la demanda de la fiscal, será una gran acción de presión y protesta".

La iniciativa de la fiscal, que marcó distancia del Gobierno desde hace unos meses, fue hecha ayer ante el Supremo, luego de que este negara una solicitud de aclaratoria hecha por Ortega sobre por qué se haría una Constituyente sin una consulta previa al pueblo.

La coalición de la oposición venezolana introdujo también este sábado una "denuncia penal" en la Fiscalía contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y las rectoras del Poder Electoral por intentar cambiar "violentamente" la Constitución.

Desde la sede de la Fiscalía de Venezuela en Caracas, el diputado Tomás Guanipa, en nombre de la alianza, aseguró que estos funcionarios "incurrieron en un delito muy grave de violación de la Constitución" que, citando el Código Penal venezolano, señaló que deben ser castigados quienes "conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución".

En ese sentido, el vocero de oposición resaltó que el documento que entregaron en la Fiscalía pide que "se abra un proceso penal de investigación" contra estos funcionarios.

Un grupo de exfiscales, abogados y jueces que sirvieron durante el gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acudió también al Supremo para adherirse al recurso de nulidad interpuesto por la fiscal general.

Lea más sobre: Fiscal general de Venezuela pide anular Constituyente de Maduro 

El exfiscal general venezolano José Benigno Rojas aseguró a los medios que este grupo de juristas decidió "aceptar" el llamado de Ortega a sumarse al recurso legal que pide se anulen las decisiones del Poder Electoral de convocar a elecciones para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente.

"Quienes tuvimos durante muchos años la responsabilidad enorme e histórica de atender casos y de resolver muchas situaciones jurídicas, decidimos aceptar este llamado y nos hemos reunido en un conglomerado jurídico a nivel nacional", sostuvo Rojas, alegando la presencia de 43 fiscales que quieren "hacer parte como terceros interesados".

Los exfuncionarios, sin embargo, no pudieron consignar el documento porque el tribunal competente para recibir el documento amaneció cerrado.

Los alrededores de la sede judicial estuvieron bloqueados por equipos antidisturbios y efectivos de seguridad.

Esta situación fue advertida desde tempranas horas de la mañana por varios voceros de la oposición, quienes a través de las redes sociales denunciaron que los accesos al Tribunal Supremo de Justicia estaban bloqueados por camiones de la Guardia Nacional.

El vicepresidente ejecutivo venezolano, Tareck el Aissami, puso fecha a la salida de la fiscal general del Ministerio Público, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del estado constituido.

"Dentro de 51 días esa Fiscalía estará en manos de un patriota o una patriota que haga justicia", afirmó en un acto público gubernamental.

Este proceso subió la tensión del país, que desde el pasado 1 de abril experimenta una ola de manifestaciones a favor y en oposición al Gobierno, algunas de las cuales degeneraron en hechos violentos que dejaron, según la Fiscalía, 67 muertos, más de mil heridos y al menos 422 detenidos.