La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acudirá al diálogo con el Gobierno que inicia el 1 y 2 de diciembre con una delegación presidida por el jefe del Parlamento, Julio Borges, y en la que estarán representados sectores económicos y de la sociedad civil.

Así lo anunciaron este martes la MUD y quienes serán miembros de esta delegación ampliada en una rueda de prensa en Caracas, en la que Borges reafirmó que la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos y un cambio en la composición del Consejo Electoral serán los temas centrales del diálogo.

La liberación de los encarcelados que la oposición y organismos internacionales consideran "presos políticos", y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento desde que pasara a manos de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 son otras de las demandas.

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"La delegación de demócratas venezolana se ha ampliado para incluir en la misma a técnicos representativos de los sectores laborales, obreros, productivos, académicos y de organizaciones de derechos humanos", dijo el expresidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig, uno de los que acompañará a Santo Domingo a la MUD.

"La lucha por alcanzar estos objetivos no puede ser únicamente de factores políticos", dijo el empresario, junto al que participarán en estas conversaciones supervisadas por los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y República Dominicana, economistas, intelectuales, sindicalistas y otros miembros de la sociedad civil.

La delegación estará compuesta por una decena de personas y estará encabezada por Borges y los también diputados Enrique Márquez, Luis Florido, Timoteo Zambrano y Luis Aquiles Moreno, entre otros, que representa a los cuatro partidos más importantes de la MUD.

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A este diálogo, al que se oponen líderes antichavistas como María Corina Machado o Antonio Ledezma, que lo consideran una estrategia del Gobierno, acuden los partidos con más diputados de la oposición venezolana con la esperanza de lograr garantías electorales de cara a los comicios presidenciales previstos para 2018.

La oposición denunció graves irregularidades y fraude en al menos un estado en las elecciones regionales del 15 de octubre, que según los resultados oficiales ganó el chavismo, y los mismos partidos que van al diálogo no acudirán a los comicios municipales del 10 de diciembre al no ver un proceso justo con el Consejo Electoral.