El diputado Wilson Santamaría explicó este miércoles después de que su coalición Unidad Demócrata (UD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la fuerza Sol.bo presentaran sus propuestas ante los proyectos de ley y reglamento del Gobierno sobre las próximas elecciones judiciales, previstas para fines de este año, que se hace necesaria la presencia de observadores internacionales durante el proceso electoral.

La propuesta señala que debería haber nueve magistrados en cada uno de los tribunales importantes para que haya una representación de todos los departamentos del país y también por "legitimidad", y para "garantizar la participación ciudadana", agregó.

De este modo, sostuvo, será más fácil para los habitantes de cada región elegir a profesionales que provienen de la misma región.

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Respecto al reglamento de preselección de las autoridades jurídicas, que de acuerdo a la propuesta legal del MAS se desarrollará en la Asamblea Legislativa, destacó tres propuestas.

Primero, que exista un consejo académico formado por colegios de abogados y algún organismo internacional como observador, que podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "para que pueda darle certidumbre a la ciudadanía de que el proceso es verdaderamente transparente".

En segundo lugar, la oposición propone que este consejo participe en todas las fases: en la calificación de méritos, en el examen escrito y en la evaluación oral, que según la propuesta del MAS la harán los asambleístas.

En la mayoría de los casos, sostuvo Santamaría, "un político no puede evaluar a un académico, un académico debería evaluar a un académico".

Además, los partidos de oposición quieren incorporar dos normas a la elección por sufragio.  La primera es que, para que las elecciones sean válidas, deberá votar "el 50 % más 1" del padrón electoral. La segunda es que los votos válidos deben superar los nulos y los blancos.

Santamaría explicó que esta última medida pretende evitar que se repita lo sucedido en las anteriores elecciones a órganos de la judicatura en 2011, cuando "ganaron el voto blanco y el nulo".

También el Gobierno reconoció errores en el proceso anterior, que llevaron a degradar la situación de la Justicia, que ya se consideraba uno de los sistemas más deficientes del Estado.

En esta ocasión, los bolivianos deberán elegir por sufragio a los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

El Gobierno de Evo Morales ha marcado el año 2017 como el de la reforma judicial, ya que además de las elecciones para autoridades afrontará la reforma de sistema penal y otras leyes relacionadas con procesos legales que buscan agilizar y mejorar la Justicia.