El expresidente de Perú, Ollanta Humala, se declaró este martes perseguido político tras conocer el pedido de prisión preventiva contra él y su esposa, Nadine Heredia, por las donaciones que recibieron durante la campaña electoral de 2011, pero su abogado negó rotundamente que vayan a pedir asilo en otro país.

En declaraciones a periodistas en la puerta de su domicilio junto a su esposa, Humala aseguró que afronta "una persecución política" desde que dejó el Gobierno en 2016 y que lo hace en Perú, "frente a otros que no están acá (en el país) y sus procesos de investigación se pasan por agua tibia".

El expresidente manifestó su tranquilidad porque considera que el planteamiento del fiscal "es un absurdo" y recordó que los aportes de empresas privadas que reciben los partidos políticos para financiar sus campañas electorales son legales porque la norma no los prohíbe. Humala acusó a la Fiscalía de ceder a una presión, porque "da la impresión de que quieren quedar bien con algún sector de la prensa o con el Congreso", dominado por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular.

"Es inédito. Mi esposa nunca ha sido funcionaria pública y la judicializan como si lo fuera y a mí me investigan por mis orígenes, no por mi gestión. Los aportes de campaña no son ilegales. Son íntegramente legales. Si queremos que sean ilegales, cambiemos la ley", sugirió.

El fiscal Germán Juárez, que investiga a Humala y Heredia por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, solicitó la prisión preventiva para ambos al argüir una posible fuga de ambos del país. El pedido de prisión preventiva fue solicitado por Juárez después de que Humala interpusiera un hábeas corpus contra el fiscal por haber acudido al colegio de las hijas del expresidente para verificar si recientemente habían viajado con su abuela al extranjero con el consentimiento de la escuela.

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El exmandatario peruano afirmó que "es un abuso y hasta una cobardía" la diligencia hecha por el fiscal en el colegio de sus hijas, porque "los menores de edad no pueden ser tomados como instrumentos para hacer daño a sus padres". "Lo toman como un intento de fuga. Nosotros estamos acá. Estamos haciendo nuestra vida normal. Tenemos el arraigo aquí", apuntó Humala.

El abogado de Humala, Julio César Espinoza, aseguró que "acudir a un asilo político no forma parte ni de la estrategia personal ni familiar, ni aún menos de la estrategia legal" del expresidente y de su esposa. Por su parte, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, destacó que tanto Humala como su defendida han concurrido a todas las citaciones y diligencias requeridas por la Fiscalía.

Recordó que Heredia renunció a su cargo en la oficina de enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza) para poder mantener su domicilio en Perú y afrontar la investigación de la Fiscalía. La solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal Juárez será revisada este miércoles por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en una audiencia programada para las 10.00 hora local (15.00 GMT).

El mismo magistrado rechazó a finales de 2016 un primer pedido de prisión preventiva contra Heredia ante el viaje de la ex primera dama a Suiza para asumir su cargo en la FAO, pero le ordenó regresar al país. Entre las acusaciones contra Humala y Heredia está haber recibido donaciones de dinero del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez para la campaña electoral de 2006 y de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña de 2011. El encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht aseguró en abril pasado que su empresa entregó tres millones de dólares para la campaña electoral de Humala de 2011, pero el expresidente niega hasta ahora que existiera ese donativo.