La corrupción durante el mandato Santos (desde el 7 de agosto de 2010) ha alcanzado niveles alarmantes, superiores al de la propuesta “justas proporciones” de Turbay Ayala. Por ello, ya duda uno de todo contrato y no deja de armar conjeturas o de buscar hilos conductores porque esos niveles de corrupción han penetrado a todas las ramas del poder y el sector privado no se ha quedado atrás con sus “aportes”.

Un puente peatonal en Bogotá, un edificio residencial en Cartagena, el edificio Space en Medellín, un enorme puente vehicular en la vía Bogotá – Villavicencio, en fin, por mencionar algunos casos muy curiosos de obras que se han derrumbado. ¿Qué pasa con los ingenieros, con los ejecutores, con los interventores, con quienes deberían estar haciendo un trabajo perfecto en todos los detalles? ¿O sería que la mermelada y las ganas de lucro superaron al concreto?

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La ingeniería colombiana cuenta con buena fama, aun en el exterior. Hay excelentes profesionales, se emprenden obras gigantescas, se forjan muchas ilusiones para nuestro desarrollo, pero… tiene que haber por ahí alguna mano negra que acaba con esa fama, con esas ilusiones. ¿Podremos vincular los desastres en obras civiles con el cáncer generalizado de la corrupción? Porque aquí también llama la atención, hablando de la contratación pública en general en el país, que muchas obras se presupuestan y se adjudican costando una suma y, antes de terminarlas, esos valores ha habido que reajustarlos en porcentajes muy significativos. Es decir, casi que no hay obra civil en Colombia que se haya terminado costando exactamente lo que se había dicho desde sus inicios.

Pensemos en las tantas obras entregadas que al poco tiempo presentan deterioro y desgaste no justificado ante el poco tiempo en que han estado en servicio. Recuerdo ahora el caso de un puente en Boyacá que colapsó con solo 4 meses en operación. Puede uno imaginarse que muchas cosas se deben estar haciendo mal y se estaría jugando con límites de resistencias y de calidad para ahorrar costos, a expensas de la seguridad y de la vida útil de lo construido.

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Santos calladito a finales de 2017, en momentos en que la nación pensaba más en despedir el año y en dar la bienvenida a 2018, sacó un decreto de corte típicamente centralista y de una injusticia tremenda. Se trata de que los departamentos debían enviar a Bogotá, a una especie de fondo llamado Adres, todos sus ingresos por impuestos a los licores y a los juegos de azar. En el caso de Antioquia eso equivale a 247.000 millones de pesos.

¿Por qué Santos haría eso así medio subrepticiamente a últimas de año? Hay elementos para sospechar qué pasó. Mucho se habla de que la caja de la nación está vacía, es decir, lo que se llama la olla raspada. Para terminar estos meses de su mandato, Santos necesita recursos para atender necesidades urgentes que, de no atenderlas, le acarrearían problemas y una imagen aun peor de la muy mala que hoy merecidamente tiene. Podría creerse también que habría gastos proyectados y no financiados en más derroche, parafernalia y shows. En otras palabras, a la brava busca cuadrar caja con recursos de los departamentos, pegándose de un clavo caliente frente a la difícil y preocupante situación fiscal de la nación.

Ese decreto santista se venía trabajando desde principios de 2017 y 13 cartas envió el gobernador de Antioquia al presidente exponiendo los problemas derivados de una medida así. En ese tire y afloje a Antioquia, adicionalmente, el centralismo le quitó otros 60.000 millones de pesos que estaban destinados a la alimentación escolar. Que la nación reasigna recursos y más adelante gira a este departamento es teoría, pues ya sabemos que los antioqueños no contamos con la justicia distributiva centralista. Mientras esto escribo no dejo de pensar en las razones para la separación de Cataluña de España.

Después del chillido de los gobernadores, liderados por el de Antioquia con sus sólidos argumentos, el decreto ese fue eliminado pero… ¡ojo! la intención y la falta de plata siguen ahí.