Obligaciones urbanísticas y aire puro

Autor: Darío Ruiz Gómez
3 abril de 2017 - 12:10 AM

Se pretende disimular la responsabilidad directa de la especulación que no ha tenido fiscalización alguna por parte de nuestros funcionarios.

Voy a recordar la respuesta que algunos importantes arquitectos españoles dieron a la pregunta: “¿Qué le hace falta a Medellín?” Y –hace diez años- la respuesta fue unánime: “Más aceras y defender los cerros tutelares” Tutelar es amparo, protección de la biodiversidad amenazada por el cemento. Era la Alcaldía de Salazar y hasta el mismo presidente Santos al inaugurar la Bienal Iberoamericana de Arquitectura solicitó más aceras para la ciudad pues la Alpujarra por falta de éstas, carecía de conectividad con el resto de la ciudad y la agresión al peatón era evidente. De ahí en adelante la desaparición de las áreas verdes fue dramática ante la agresividad de la construcción para aprovechar cualquier espacio disponible, manipulando los Planes Parciales. Mostrando la foto de un área urbana sobresaturada de vivienda El Colombiano llamó la atención sobre el hecho de que no se dejó un solo espacio para sembrar árboles y que para hacer los parques que se necesitan se deben comprar manzanas enteras por parte del Municipio. Informa igualmente este periódico que se concedió licencia de construcción a una constructora por parte de una curaduría para derribar 244 árboles en La Asomadera considerada como cerro tutelar, obviamente para construir vivienda. En Belén, un barrio tradicional, están desplazadas las familias, con la construcción de bodegas, talleres, con licencias otorgadas por otra Curaduría. Basta subir por la vía Las Palmas para ver que se construye sin el retiro debido y destruyendo espacios verdes de gran valor ambiental, conjuntos de árboles patrimoniales y lo que es peor, con edificios que no cuentan con los respectivos parqueaderos, con áreas verdes y las vías exigidas ante la densificación desaforada, que es lo que se considera como obligaciones urbanísticas cuyo monto se ha entregado al Gobierno Municipal sin que hasta ahora sepamos cuál ha sido su destino pues no se han construido las vías respectivas, ni los arbolados respectivos ni las respectivas aceras. La polución visual que introduce la fealdad es castigada en el mundo, pero aquí aumenta impunemente. Repito, ¿si los constructores han pagado las obligaciones urbanísticas respectivas porqué no se construyeron las vías de acceso, los parques exigidos y en cambio se modificaron las normas para que lo que, caso de La Asomadera calificada como una zona de reserva ambiental, se cambiara a un uso de vivienda que estaba prohibido? ¿Quién tomó ese dinero o qué suerte corrió en manos de la burocracia?

Levantemos la vista y veremos el perfil de las montañas que rodean el valle, con suerte y antes de que aparezca momentáneamente el sol, contemplaremos la belleza del celaje, de alguna nube detenida para observar enseguida la manera agresiva con que se están destruyendo los cerros tutelares, convirtiendo en peladeros lo que debió ser una franja de bosque que señalara el borde de lo construible para detener un crecimiento irracional a través de las invasiones, una medida necesaria para regular el crecimiento desordenado y poner coto a la labor destructora de los tugurizadores. El problema calamitoso de un aire polucionado mortalmente, ha servido para desvelar estas situaciones que tienen un punto de partida: el hecho de que los intereses privados se impusieron descaradamente sobre los intereses públicos y los espacios para la convivencia y el intercambio social, las reservas protectoras del medio ambiental, para la fauna y la flora, las vías necesarias para la movilidad se lotearon impunemente hasta llegar hoy, a esta desoladora conclusión: ya no se cuenta con espacios para sembrar árboles, cuando recientemente se han talado grandes cantidades de árboles, cuando se densificó irracionalmente, sin prever antes el necesario equipamiento urbano. Echarle la culpa al automóvil familiar de la polución es un sofisma detrás del cual se pretende disimular la responsabilidad directa de la especulación que no ha tenido fiscalización alguna por parte de nuestros funcionarios.

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