La de Capriles se suma a la denuncia de otros dos opositores que reportaron la retención arbitraria de sus pasaportes tras acudir a instancias internacionales para abordar la crisis venezolana.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, dijo este jueves que espera que la confiscación del pasaporte del dirigente de oposición venezolano Henrique Capriles no sea una represalia por la reunión que ambos iban a mantener este viernes para abordar la crisis en Venezuela.
“Espero que la confiscación del pasaporte de Henrique Capriles no sea una medida de represalia porque se iba a reunir conmigo mañana (este viernes) en la ONU” en Nueva York, señaló Zeid en mensaje difundido por su oficina en la red social Twitter.
El alto comisionado añadió que esperaba ver a Capriles en la ONU y “escuchar sus puntos de vista sobre Venezuela”.
“Lamento que no pudiera viajar”, recalcó el diplomático jordano.
El ex candidato presidencial venezolano denunció este jueves que su pasaporte fue retenido por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Caracas, desde donde tenía previsto viajar a Nueva York para reunirse con Zeid.
Capriles había anunciado horas antes que presentaría “personalmente” al alto comisionado “todos los casos de los caídos, heridos, presos, represión” registrados durante las protestas en contra del Gobierno, que han dejado tras más de un mes y medio al menos 45 muertos y centenares de heridos y detenidos.
A principios de mes, Zeid dijo que la vía por la que ha optado el Gobierno de Venezuela de “reprimir las voces disidentes no resolverá la agitación” en las calles o las razones de las protestas.
Consideró que los elementos más alarmantes de la situación que atraviesa Venezuela son el aumento de la violencia, las acciones de grupos armados progubernamentales y la extendida falta de confianza en el Gobierno y el poder judicial.
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El organismo que dirige Zeid no tiene ningún acceso a Venezuela a pesar de que varias veces ha solicitado al gobierno que emita los visados correspondientes a sus expertos para que evalúen directamente la situación de derechos humanos en el país.
La última petición en ese sentido fue formulada el pasado mes de octubre, sin ningún resultado.
Su oficina también ha dicho que cualquier proceso o reforma constitucional en Venezuela debe ser transparente e incluir todos los puntos de vista políticos y sociales, y sólo puede tener éxito si tiene en cuenta los elementos esenciales de la democracia y la protección de los derechos humanos.