La ONU expresó este viernes su preocupación por la vulnerabilidad de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) en El Salvador, dado que desde comienzos de 2017 han sido asesinados al menos siete personas trans en el país, y pidió al Gobierno un mecanismo eficaz de protección.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU recordó que recientemente la activista transgénero salvadoreña Karla Avelar, nominada el pasado 26 de abril para el Premio Martin Ennals de derechos humanos, fue visitada en su casa en San Salvador por tres hombres que la amenazaron y exigieron que les entregara dinero en un plazo de tres días.

Tras este incidente, Avelar se vio obligada a "huir y a abandonar su vivienda, una vez más", recalcó en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani. "Urgimos al Gobierno salvadoreño a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de la señora Avelar y de otros activistas e individuos LGBTI que están siendo amenazados", señaló.

También instó a las autoridades salvadoreñas a "crear un mecanismo de protección eficaz para los defensores de derechos humanos que trabajan en los derechos sexual y reproductivos y para los activistas LGBTI".

Durante los últimos dos años Avelar, que defiende los derechos de la comunidad LGTBI, ha tenido que mudarse seis veces por razones de seguridad, según la misma fuente. La transgénero ha tenido que hacer frente durante décadas a violencia e intimidaciones durante numerosas ocasiones, lamentó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

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Avelar sobrevivió a dos ataques contra su vida en 1992 y 1997, cuando fue disparada varias veces y herida gravemente. El informe anual de 2016 de la oficina del defensor del pueblo de El Salvador indica que el 52 % de las mujeres transgénero encuestadas afirmaron haber recibido amenazas.

La elevada tasa de impunidad y falta de investigaciones rápidas y eficaces "es endémica en el país y claramente afecta también a los delitos cometidos contra la comunidad LGBTI", recalcó la ONU.

"Instamos al Gobierno a efectuar con prontitud investigaciones concienzudas y eficaces de delitos de odio contra la comunidad LGBTI", recalcó la Oficina de Derechos Humanos del organismo multilateral.

"La oficina regional que monitorea los derechos humanos en Centroamérica sigue de cerca la situación y continúa preparada para asistir y aconsejar al Gobierno ante este reto y otros desafíos en materia de derechos humanos", aseguró la ONU. En este sentido, la oficina regional ya ha aportado apoyo al fiscal general de El Salvador a la hora de formar a fiscales en materia de justicia transicional.