La oficina de la ONU en Colombia condenó este viernes "vehementemente" la situación de violencia en la región del Catatumbo, donde la población se encuentra en medio del fuego cruzado entre las guerrillas Eln y Epl, esta última considerada una banda narcotraficante por el Gobierno.

La organización detalló que 2.819 personas han tenido que desplazarse y no tienen garantías para su retorno y que otras 144.000 se enfrentan con "graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad".

De igual forma, 44.829 menores de edad han suspendido sus actividades escolares desde hace más de seis días y se ha limitado el "gobierno propio y movilidad" de la comunidad indígena Barí.

La situación en esa región se ha tensado por los constantes enfrentamiento entre el Eln y el Epl, considerado como una banda narcotraficante por el Gobierno, para tomar el control que la extinta guerrilla de las Farc dejó tras su desmovilización.

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El problema se ha agravado por el "paro armado" decretado el pasado domingo por el Epl, con el que buscan restringir mediante amenazas el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio.

"Esta violencia viene menoscabando gravemente la vida y la integridad de los líderes locales. Varios miembros de las juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos han tenido que desplazarse, confinarse, han sufrido daños a su integridad física y uno de ellos permanece cautivo", agregó la información.

Ante estos hechos, los pobladores de algunos municipios como Teorama y Sardinata marcharon vestidos de blanco y con pancartas para pedir que no se involucre a la población civil en el conflicto entre los dos grupos armados.

El cierre de hospitales y comercios debido a los enfrentamientos contrastan con las declaraciones dadas el pasado miércoles por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que el sector salud estaba "funcionando con normalidad" y que el comercio lo hacía en un 50%.

"Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario", afirmó la ONU.