Desde el Concejo de Medellín se propuso aprobar una normativa fiscal para no generar sobrecargas en los contribuyentes de la ciudad, de ahí que los ajustes al Estatuto presentaron variaciones, pero solo en un grupo específico.
El pasado lunes 20 de noviembre el Concejo de Medellín aprobó el Estatuto Tributario que regirá en la ciudad a partir del 2018. Durante un debate de nueve horas aproximadamente, se acordaron modificaciones puntuales en las normas fiscales que atañen a los habitantes del municipio. Entre esas reformas importantes que fueron sancionadas, se incluyeron el subsidio al alumbrado público para los estratos bajos, la creación del defensor del contribuyente, los incentivos a las empresas que aporten al medio ambiente y al empleo inclusivo, se descartó el gravamen a las profesiones liberales, y sobretodo, se decidió el no incremento en el precio de los impuestos para la mayoría de ciudadanos.
Desde la óptica de la concejala por el Partido Liberal, Aura Marleny Arcila Giraldo, “el debate fue muy satisfactorio porque tuvo una participación muy amplia de los gremios y de diferentes sectores solidarios y académicos. Entre los principales cambios hay que resaltar el subsidio de alumbrado público a los estratos uno y dos, en lo que tiene que ver con los usuarios de la energía prepago”.
De esta manera, según lo aprobado por el Concejo, se borrará el cobro para los estratos mencionados con servicios prepagados, decisión que generó una replica por parte de la concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lezcano, quien señaló que con esta determinación se eliminará la citada carga para aquellos grupos socio-económicos, pero se aumentará para los estratos, tres, cuatro, cinco y seis.
“La tarifa por alumbrados públicos aumentará para aproximadamente 421.283 hogares, es decir, para 1.432.263 personas. Aquí quiero hacer énfasis en que Medellín es dueña de la generadora y comercializadora eléctrica más grande del país, otros municipios de Colombia no tienen este privilegio, sin embargo, con la plata de los medellinenses se está subsidiando la energía en otros territorios”, subrayó Aguinaga.
La corporada del Centro Democrático consideró injusto el incremento progresivo en los precios de los servicios, “mientras nosotros con nuestros recursos estamos subsidiando la energía de panameños y chilenos. Yo celebro que se haya eliminado el cobro de este impuesto para los estratos uno y dos, aunque no entiendo porqué en el pliego de modificaciones lo aumentaron para los demás grupos socio-económicos. Hay que decir la verdad, le disminuyeron al uno y al dos, pero le incrementaron a los demás”.
Las demás reformas
Uno de los ajustes fiscales fijados para el año entrante definió los diversos descuentos tributarios que tendrán las compañías si realizan algunas acciones específicas. “Habrá incentivos para la construcción sostenible, comenzando por ahorro de agua y energía durante las obras; también para las inversiones que tengan un impacto ambiental, la administración coadyuvará con estas empresas si tienen procesos pendientes con las autoridades ambientales y así mismo con las que ahorren emisiones de CO2 mayores a las establecidas por la ley”, aclaró Arcila Giraldo.
Además, la concejala puso en conocimiento que habrá rebajas tributarias para las organizaciones que den empleo a personas con movilidad reducida y a los pospenados. Así las cosas, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco Antioquia), Sergio Ignacio Soto Mejía, expresó que este “es un buen Estatuto Tributario, hubo gran compromiso por parte de la Alcaldía para ajustarlo contando con los gremios del sector productivo de la ciudad, escucharon nuestras recomendaciones, y todas fueron bien atendidas”.
También reconoció la “proactividad” del Concejo y destacó que son “avances importantes” las actualizaciones a las normas antiguas. “yo diría que este Estatuto es muy distinto a la Reforma Tributaria del presidente Santos, la cual califico como confiscatoria y desincentivadora para el ánimo de inversión. Hubo un tema que me preocupaba, el impuesto al degüello de ganado, pero finalmente eso se quedó tal como estaba”.
Durante el debate que derivó en la aprobación del Estatuto surgió la figura que se conocerá como el defensor del contribuyente, un funcionario público con la misión de brindar educación, orientación y transparencia a los obligados tributarios. La corporada Giraldo hizo énfasis en que “este defensor va a tener funciones muy importantes, por ejemplo, cuando a un tributante se le esté haciendo seguimiento en un proceso sancionatorio, podrá contar con la ayuda de ese servidor público para saber cómo va el proceso y qué oportunidades tiene en su caso”.
El abogado y asesor jurídico de la Subsecretaría de Ingresos de Medellín, Mauricio Salazar Echeverri, dilucidó que esta figura viene de una política nacional que en este momento aplica la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), “donde tienen una oficina para el defensor del contribuyente. Cuando el Estado administra puede ser ineficiente, eso genera roces y malas determinaciones frente a los ciudadanos, esta figura permitirá darle a los tributantes acompañamiento y tranquilidad en cuanto al respeto de sus derechos”.
Por otro lado, la concejala Aura Marleny Arcila declaró que el debate de aprobación al Estatuto se tornó complejo cuando se propuso gravar a las profesiones liberales, siempre que sus ingresos fueran mayores a $4’500.000 mensuales en adelante. “Ahí quedarían gravados los servicios prestados por abogados, comunicadores e ingenieros. Este gravamen es adoptado en otras ciudades, pero en Medellín el Concejo decidió no aprobarlo porque no es el momento, la gente está agobiada, la recuperación económica es muy lenta y consideramos que no se debía imponer en el momento”.
“Las profesiones liberales quedan excluidas del impuesto de Industria y Comercio. Hoy quedamos tranquilos desde la Administración, y queda tranquilo el contribuyente con la certeza de que no tendrá que tributar por profesión liberal”, afirmó también Salazar Echeverri.
El bolsillo de los ciudadanos
Arcila Giraldo aseveró que las tarifas desde el Estatuto quedaron iguales, dado que no está hecho para incrementar la carga fiscal sobre el ciudadano sino para actualizarlo y adaptarlo al nuevo cuerpo fiscal de la Nación.
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En este asunto de interés general, el asesor jurídico de la Subsecretaría de Ingresos hizo la misma claridad. “En términos generales no se incrementaron los tributos para ningún sector. Se administraron de forma tal que no generasen un impacto muy negativo en las finanzas de los contribuyentes del territorio. En cuanto al tema del predial, rubro que más nos preocupa a todos, el esquema tarifario se mantendrá intacto”.
Según el jurista adscrito al despacho de Hacienda, el cambio principal frente al impuesto predial se hizo en los esquemas contractuales que dificultaban la identificación del tributante. “Allí estipulamos unas reglas claras para determinar fehacientemente quien es realmente el obligado a tributar, porque ha sido una discusión de largo tiempo en Colombia saber quién es el titular a quien se debe cobrar el impuesto predial, cuando su propiedad es administrada a través de patrimonios autónomos”.
El segundo rubro impositivo más importante para el municipio es el impuesto de Industria y Comercio, aquí de acuerdo con la información entregada por Salazar Echeverri, “le apuntamos más que todo al alza para aquellos sectores que no están formalizados”.
Los retos en materia fiscal
A juicio de la corporada Aura Marleny Arcila, la Administración Municipal tiene unos retos grandes. “Se debe consolidar la plataforma electrónica, fortaleciendo el sistema de información de todos los ciudadanos para poder hacer análisis detallados de esos contribuyentes”.
Por su parte, María Paulina Aguinaga manifestó que “hay que optimizar el recaudo municipal con una actitud persuasiva para mejorar la cultura tributaria. Igualmente, se debe eliminar la pereza fiscal para acabar con la dependencia de Epm”.
Aguinaga explicó que esta aparece cuando en el municipio “se sientan a esperar la llegada de recursos otorgados por las empresas públicas y no hacen un mayor esfuerzo para tener un mejor recaudo. Debe haber mayor diligencia al momento de aumentar el recaudo de los ingresos tributarios, es decir, diversificar las fuentes de ingreso”.
Salazar Echeverri consideró que no se debería hablar de pereza fiscal, sino de ineptitud en la norma Nacional. El experto tributarista hizo hincapié en que Colombia funciona con leyes copiadas desde 1913. “Las realidades socio-económicas son distintas y estamos con una norma del siglo pasado. Esto impide que los municipios puedan desarrollar la capacidad que tienen frente a los ingresos fiscales. Nos obliga a ser más creativos, y sin salirnos de la ley, dinamizar la generación de ingresos”.
“En nuestro cuerpo normativo quedó aprobada por los concejales la innovación dentro de la tributación. Introducimos temas como el pago de obras por impuestos, mecanismos de financiación donde se vincula al inversionista para que haga parte del desarrollo de ciudad. Con estas herramientas entregadas por los concejales, Medellín empieza a salir de ese letargo producido por la ley Nacional, así empezamos a estimular otras fuentes de ingresos que nos servirán para sacar adelante el plan de desarrollo”, agregó.