Después de casi 50 años entró en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía. El Código de 1970 fue resultado de un decreto, hoy es una ley con 4 años de trámite en el congreso, luego de muchos otros intentos fallidos por actualizar el obsoleto y anticuado Manual. Era una necesidad. Colombia en cinco décadas tuvo cambios sociales, económicos, culturales, políticos e institucionales que se expresan en los comportamientos de las personas que todo mundo coincide en relacionar con los niveles de inseguridad e inconvivencia que tanto mortifican. Por ejemplo, se consolidó el tránsito de un país rural a un país urbano al calor de múltiples violencias originadas en la lucha armada guerrillera y el posicionamiento del narcotráfico como una opción de la globalización para diversos sectores agobiados por el derrumbe del modelo económico proteccionista. De por medio, tuvimos una nueva Constitución política, garantista en derechos, en contravía de la vetusta Constitución del 86.

El nuevo Código así como está cargado de artículos, más de 240, también está repleto de expectativas e incertidumbres. Las cifras muestran la relación violencia homicida con la falta de autocontrol ciudadano, caso riñas. Y otras muestras de falta de tino por parte de quienes poco se interesan por la armonía y la convivencia con los demás. La explicación de las autoridades para justificar su incompetencia fue la falta de dientes para atacar los malos comportamientos. Las multas estipuladas en 1970 hoy son más que ridículas. De allí que el nuevo Código está pletórico de onerosas sanciones económicas, muchas de ellas imposibles de cumplir por parte del promedio de los ciudadanos, a quienes poco importará no poder contratar con el Estado por aparecer en los registros de morosos de la Contraloría.

Hay mucho de razón en la disculpa oficial por la falta de dientes y de nuevas tipificaciones de faltas contra la convivencia ciudadana, para poderlas sancionar. Pero seguimos presos del fetichismo normativo que privilegia la sanción, por encima del papel de la cultura y la pedagogía para aprender a convivir como comunidad. La realidad, en poco tiempo, demostrará la pertinencia o no del nuevo intento. Ojala funcione.

El otro gran reto es para la Policía Nacional. No por casualidad, el proceso de negociación con la guerrilla de las Farc coincidió con el trámite positivo del nuevo Código de Policía. Desescalado el conflicto armado por la desmovilización del principal grupo protagonista, cambian los roles de la fuerza pública, en particular de un instrumento sustancial del Estado como la Policía. El propósito es pasar de una policía militarizada a una policía comunitaria. Clave cambiar estrategias y pautas de actuación por parte de los uniformados,

acelerar la depuración del organismo en contra de la corrupción y ganar la confianza de la ciudadanía.

Una experiencia valiosa de territorialización de la lucha contra la inseguridad, es la vigilancia por cuadrantes. El policía debe ganarse la empatía del vecindario, por su cercanía, oportunidad y efectividad. Ahora, con el Código, el vecino molesto con el ruido del equipo de sonido, o inadecuado manejo de las mascotas o las basuras, no va a perdonar la falta de actuación de las autoridades. Y al contrario, el nuevo Código no puede ser la oportunidad para su extralimitación de funciones respecto a asuntos de gran complejidad social y económica como el manejo del espacio público y las ventas informales, ambulantes y estacionarias; o la posibilidad de acceder sin orden judicial a recintos privados y establecer controles draconianos a las variadas manifestaciones de inconformidad popular. La credibilidad en las autoridades sigue en juego.