Entre discusiones sobre la fecha precisa en que se cumple el Día D+180 del posacuerdo con las Farc, y se obliga a su desarme y desmovilización, el gobierno del doctor Santos, coreado por los grandes medios de comunicación, ha aceptado postergar la exigencia de responsabilidades a la organización que con arrogante cinismo “celebró” su aniversario de guerra contra el pueblo colombiano.

El aplazamiento vuelve a poner en sus términos más fuertes el proceso de otorgamiento de privilegios a las Farc, mismos que se conceden en detrimento de la verdad, la justicia y la seguridad de las zonas donde esa organización ha hecho presencia.

De nuevo, el Gobierno se inmola maximizando los incumplimientos que le corresponden, en particular los de adecuación de las zonas veredales transitorias, y hasta admite que se califique de falta a los compromisos decisiones propias, y hasta obligadas, de la democracia, como las decisiones por las que la Corte Constitucional ajusta lo actuado por los demás poderes a la Carta Política. La auto-flagelación, amplificada generosamente por una prensa que también cedió sus valores a este acuerdo, sirve como cortina de humo para tapar los incumplimientos de las Farc a sus escasos compromisos, no más del diez por ciento según reconoció el comisionado Sergio Jaramillo, para “la construcción de una paz estable y duradera”.

De la cicatería de las Farc en la larga negociación en La Habana, que anunciaba la que el país atestigua, alertamos en distintos momentos, los hechos lo han demostrado.

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En estos seis meses, las Farc han sido renuentes a cumplir con el más sencillo de sus compromisos: la verdad. La que permitiría cesar violaciones a los derechos humanos, como es la atroz del reclutamiento de menores de edad; la de las zonas que afectaron con minas antipersonal que permanecen como amenaza contra quien las transite, o la de sus redes dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal o el lavado de activos. La Farc prefieren callar sobre estos hechos y el país ha olvidado, o teme, preguntar por las verdades que merece conocer.

Otras verdades más incómodas también están cubiertas por silencios. Lo de las caletas convenientemente escondidas tuvo que ser admitida por los jefes farianos cuando el Ejército comenzó a descubrirlas. Aún hoy no hay información entregada por ese grupo sobre guerrilleros, milicianos y ¡peor aún! sobre disidencias que, según el último reporte de los órganos de inteligencia, no son sólo el cacareado frente primero, sino otros cinco frentes y dos columnas, grupos que terminan conformando una de las principales organizaciones armadas del país.

El otro gran incumplimiento del proceso es la manoseada, y desconocida, promesa de tratar a las víctimas con el respeto que merecen por su dignidad de seres humanos y por la dimensión de su sacrificio. Mientras las víctimas cargan con estigmatizaciones y amenazas por reclamar sus derechos, y llevan sus preguntas en soledad, los jefes farianos gozan del privilegio de una justicia a su medida, de protección especial y hasta de la ocasión de festejar el 53 aniversario de levantamiento armado contra el pueblo colombiano, recibiendo patrocinio del Estado y amplificación mediática. Las gabelas a esa organización son afrentas a víctimas que saben que nunca estuvieron en el centro de la negociación y menos e sus resultados. 

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