Ayer la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, fue citada por parte de la Fiscalía de la Unidad Nacional Anticorrupción para que explique la adición de 900.000 millones de pesos a la construcción y ampliación de la vía entre Ocaña y Gamarra, dentro de la investigación por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La investigación a Cecilia Álvarez se relaciona con el proceso por el que fue capturado el exsenador Otto Bula, sindicado de recibir sobornos por 4,6 millones de dólares para favorecer a Odebrecht con el megaproyecto del tramo dos de la Ruta del Sol. Por este mismo caso, fue condenado Gabriel García, exviceministro de Transporte.
Al respecto, el senador Alvaro Uribe extendió la acusación de Cecilia Álvarez a la exministra de Educación, Gina Parody, “porque la vía favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses Parody”.
Uribe también pidió a la Fiscalía “constatar si Enrique Riveira, funcionario actual de la Presidencia de la República, antes alto directivo de la campaña de reelección, llamó a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia de Infraestructura, para urgirlo sobre este contrato”.
Estas afirmaciones las hace Uribe como respuesta a los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos, sobre que las familias de los mandatarios no deben participar en negocios con el Estado, aludiendo al posible nexo con el caso Odebrecht de los hijos del exmandatario.
En otro comunicado, Parody y Álvarez le respondieron: “Nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio”.
También resaltaron que “las dos personas que según la justicia colombiana pudieron haber recibido plata por corrupción en el caso Odebrecht trabajaron en su Gobierno o tienen vínculos con su familia”.
A su vez, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías y el abogado Jaime Lombana afirmaron que presentarán una demanda contra las exministras por este caso. Según manifestó Macías a medios nacionales, plantearán en su demanda que hubo serias irregularidades en el Conpes 3817, realizado en octubre de 2014, donde se hicieron modificaciones al proyecto de la Ruta del Sol y se decidió incluir en la obra el tramo entre Ocaña y Gamarra, que “es una desviación de la ruta que tiene como único fin favorecer el negocio portuario de la familia Parody”.
 Precisamente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció ayer que pedirá nulidad del contrato de la vía Ocaña-Gamarra al Tribunal de Arbitramento “dados los actos ilícitos que dieron origen a su adjudicación”, lo que implica la terminación del contrato “y permite la apertura de una licitación para terminar las obras”.

Denuncia al Banco Agrario
El senador Jorge Robledo acusó a la junta directiva del Banco Agrario de hacer un crédito de 120.000 millones de pesos a Odebrecht, después de que la Superintendencia de Sociedades hubiera determinado que la firma brasileña estaba en la quiebra. Robledo pidió la actuación de la Contraloría y la Procuraduría para que se impongan las sanciones administrativas necesarias.
“La junta directiva tenía que conocer los problemas de Odebrecht, eso es lo que hacen los analistas de créditos de los bancos. El deber es reducir el riesgo al mínimo o eliminarlo”, señaló Robledo.