En el siempre congestionado diciembre, cuando se realizan las ceremonias de cierre del año, 26 municipios colombianos, 5 antioqueños (Amalfi, Sabaneta, Tarso, Titiribí y Turbo) recibieron el reconocimiento de Colombia Líder por la calidad con que incorporaron a sus respectivos planes de desarrollo (2016-2019) la política pública para la niñez y la adolescencia y no simplemente porque hubieran realizado un interesante proyecto o un exitoso programa destinado a ella. Posiblemente la época en que se entregaron los premios no ayudó a su mayor difusión, como hubiera sido deseable.

Reconociendo la iniciativa de una institución de la sociedad civil y el sector privado, como Colombia Líder, para visibilizar a dirigentes municipales “que aportan en sus comunidades y regiones con gestiones administrativas eficientes, innovadoras e incluyentes y que tienen como eje la gestión territorial, la superación de la pobreza, el logro de la equidad y la inclusión social” valdría la pena que tomara en cuenta esfuerzos semejantes como el que, desde hace más de 12 años, realizan la Procuraduría General de la Nación, el Icbf y Unicef, utilizando una metodología de acompañamiento y evaluación basada en un conjunto de indicadores que permiten reconocer avances en el trabajo de los municipios por hacer realidad los derechos de la niñez. Si ese fuera el caso, los primeros beneficiados serían los niños porque, cuanto más se insista en la importancia de que las entidades municipales vean el bosque y no sólo los árboles, es decir, el conjunto de los derechos y no sólo las situaciones más dramáticas, el resultado será mejor para los menores de edad. No sólo eso, contribuiría también a darle mayor envergadura a la tarea de Colombia Lider y, desde luego, a la iniciativa de la PGN, Icbf y Unicef, un tanto venida a menos en años recientes.

Si un ente de control como la Procuraduría participa activamente estableciendo reglas de juego, los municipios responden con mayor diligencia que cuando las orientaciones proceden del ejecutivo. Más aún si esta vigilancia viene acompañada de la capacidad para sancionar incumplimientos, de que está dotada la PGN, a la que alcaldes y concejos municipales le tienen mucho respecto.

Estamos en el buen camino si persistimos en la estrategia dirigida a que la totalidad de los municipios colombianos, construyan políticas públicas para la niñez que sean verdaderas hojas de ruta y base para evaluar lo que cada uno logra durante los 4 años de administración.

Ya pasó la época en que el éxito en las iniciativas destinadas a la niñez era una colcha de retazos conformada por encomiables esfuerzos llevados a cabo por instituciones públicas y privadas para intentar resolver alguna situación particular.

Desafortunadamente en Colombia el Código de la niñez y la adolescencia (Ley 1098) no dio cabida, con la fuerza necesaria, a las organizaciones de la sociedad civil, como sí sucede en Brasil, para participar en el diseño y monitoreo de la política pública porque esa propuesta no fue aceptada cuando se discutía el Código, el año 2006, en gran medida debido a la resistencia del Icbf. Ante tal vació, recayó en los consejos de política social municipales esa tarea que en la práctica no cumplen porque se trata de instancias formales y burocráticas sometidas, en la mayoría de los casos, a la voluntad de los alcaldes.

Las administraciones municipales del país –y de Antioquia en particular- están entrando a su segundo año de mandato en 2017 y tienen la gran oportunidad de hacer

significativas diferencias para sus niños. Lo harán mejor aún si construyeron planes de desarrollo sólidos aunque aún están a tiempo para corregir la omisión, si no lo hicieron. A eso se refiere el tantas veces repetido y no siempre aplicado interés superior del niño.