El premio Nobel de Paz concedido a la Campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, Ican por sus siglas en inglés, el Comité noruego da un inequívoco respaldo a las acciones de esa ONG asentada en Suiza que trabaja por erradicar las armas atómicas y acabar con el miedo asociado al peligro de su utilización por alguno de los nueve gobiernos que las han construido.

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Como lo dejó explícito el Comité noruego, el respaldo más significativo que se ofrece con el Premio es a la iniciativa de un tratado de la ONU que determine la abolición de las armas nucleares, el cual profundizaría los alcances del Tratado de no proliferación de armas nucleares suscrito en 1970 y ratificado por Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, que a su amparo han reducido su carrera armamentista, pero no firmado por India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, los otros poseedores de las 15.000 armas nucleares que los expertos consideran existen hoy en el mundo.

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El Comité recoge las preocupaciones del mundo al declarar explícitamente su adhesión a la alerta global por la locura armamentista del dictador norcoreano Kim Jong-un, que avanza en su amenazante empeño de dotarse, y muy posiblemente usar, armas nucleares. A ello suma preocupaciones por la renuencia de Donald Trump a perfeccionar el acuerdo antinuclear que difícilmente tejieron las naciones occidentales con Irán, así como por su tono amenazante al dictador coreano, que los más prevenidos asumen como señal de que el gobernante podría involucrar a Estados Unidos con el reinicio de una carrera armamentista.

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La portavoz de la organización premiada, Beatriz Fihn, ha recogido el guante diplomático que le entregó el Comité Nobel para tirar de las barbas del Tio Sam mientras callaba sobre la agresividad del heredero Kim. Tan extraña postura podría sólo ser explicada no en su desdeño o desconocimiento del riesgo que significa la carrera armamentista norcoreana sino por su confianza en la posibilidad de ser atendida por la institucionalidad estadounidense, que controla al presidente, y la global, ante la cual el gobierno de la Unión Americana responde como participante y suscriptor de sus tratados.