El Sistema General de Participaciones (SGP) no ha logrado reducir de manera contundente las brechas sociales y los niveles de inequidad en las regiones de Colombia y, peor aún, ha terminado siendo víctima de los corruptos, que han acudido a maniobras criminales como inventarse pacientes inexistentes para apoderarse de recursos que debían favorecer a la población más pobre, aseguró este miércoles el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón.

De acuerdo con un estudio de la Contraloría revelado en un evento que se realizó en la Universidad de los Andes, las brechas entre algunas regiones del país son significativas y la trampa de la pobreza y el atraso atenaza a muchos municipios.

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El informe se centró en evaluar los resultados del SGP específicamente en los sectores de Educación y Salud y la primera y contundente conclusión es que los recursos de este sistema no cumplen su objetivo y no se está verificando su destinación real.

Esta situación la están aprovechando los corruptos, tal como se ha visto con los casos del cartel de la hemofilia en Córdoba y el cartel de los enfermos mentales en Sucre, ambos puestos al descubierto por la Contraloría en sus labores de vigilancia a los recursos que hacen parte del Sistema General de Participaciones.

El contralor, que anunció nuevas acciones contra estos carteles de la corrupción, citó algunas de las inmensas brechas sociales que detectó el estudio: "Existen territorios en nuestro país, con índices de desarrollo humano similares al de países europeos de desarrollo medio-alto, mientras ello sucede, otras regiones presentan indicadores de desarrollo solamente comparables con los países más pobres del planeta", dijo.

Asimismo, el contralor mencionó además graves cifras de inequidad que se dan en el país, en términos de producción, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Bogotá corresponde a casi cinco veces al del Vaupés.

Aunque consideró más preocupante la inequidad que se da en indicadores de calidad de vida: "Mientras que en Bogotá el 4,7% de las personas son pobres, en la región Pacífica (sin incluir Valle) la cifra asciende a 33,8%. En la región Atlántica llega a 31,2%. En términos de esperanza de vida, un bogotano vive 79 años, en comparación con los 71 que vive un chocoano o un caqueteño".

Para Maya Villazón, la distribución del SGP debe ser más diferencial y progresiva: los municipios más pobres deberían recibir un SGP per cápita superior al promedio y notoriamente mayor al de los más ricos, que pueden generar recursos propios.

Nuevas acciones contra carteles de la corrupción

Un anuncio importante que hizo Maya Villazón es que muy pronto dará a conocer nuevas medidas de carácter procesal, adoptadas por la Contraloría contra funcionarios públicos actualmente en ejercicio de sus cargos, involucrados en el llamado cartel de la hemofilia, entre las que se incluyen los embargos a que haya lugar. 

“Lo irónico en el departamento de Córdoba es que, en 2016, bajo la administración de un gobernador diferente, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de $1.500 millones, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país”, afirmó.

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Sobre el caso del cartel de los enfermos mentales en Sucre, anunció que toda vez que allí se crearon IPS’s de papel para desfalcar los recursos del SGP, ha solicitado expresamente al fiscal general de la nación, la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades involucradas, que fueron utilizadas como fachada.

“Es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el fiscal y con el procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud”, explicó Maya Villazón.

El próximo mes, la Contraloría dará a conocer los resultados de una nueva auditoría a las vigencias 2012 y 2013, donde se llevaron a cabo pagos a favor de tres IPS’s que atendían igualmente supuestos pacientes de enfermedades mentales, y donde se hicieron pagos por más de $3.000 millones.

Nuevas auditorías al PAE y más irregularidades

La Contraloría actualmente adelanta nuevas auditorías al Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyos resultados se estarán dando a conocer próximamente.

En el departamento del Magdalena, por ejemplo, esta entidad ha evidenciado nuevamente irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, violando el deber de selección objetiva, así como graves demoras en la contratación que el año pasado, sólo en el Magdalena, llevaron a que se dejaran de entregar más de 2'300.000 raciones de alimentos.

“Igualmente estamos adelantando una auditoría de cumplimiento a los recursos del SGP ejecutados por el Distrito de Cartagena, y dentro de las próximas semanas daremos a conocer los resultados con relación al PAE, cuyas dos últimas contrataciones superaron los $32.000 millones”, agregó el contralor y precisó al respecto lo siguiente:

Para el año 2016, el PAE en Cartagena presentó una cobertura sólo del 58%, sustancialmente menor a la de otros entes territoriales como el departamento del Chocó, que atendió el 88%, y la ciudad de Montería que alcanzó casi el 80%.

Cartagena no ejecutó el programa desde el primer día del calendario escolar, lo que afectó a la población estudiantil. Pese a lo anterior, en abril del año pasado, el alcalde, que actualmente se encuentra bajo medida de aseguramiento, declaró una urgencia manifiesta para poder celebrar de manera directa la contratación del PAE, situación que fue aprobada, muy a pesar de su evidente ilegalidad e irregularidad, por la Contralora de esta ciudad.