No hay plata para tantas leyes

Autor: Nacho
25 junio de 2017 - 02:00 PM

El Gobierno Nacional amenaza con objetar varias leyes de gran impacto social de origen parlamentario, pero la última palabra la tendría la Corte Constitucional. El agarrón entre el Ejecutivo y el Legislativo no lo cree nadie.

Medellín, Antioquia

Las ironías y curiosidades de la política en Colombia. La denominada “legislatura de la paz”, que acaba de concluir el pasado 20 de junio, tuvo un desenlace muy poco pacífico o tranquilo y salieron a relucir litigios y enfrentamientos verbales entre congresistas y los ministros del Gobierno Nacional.
El supuesto choque, que algunos desestiman y califican de circo o de obra de teatro, entre estos dos poderes públicos, se gestó por la amenaza o el anuncio del Ejecutivo de objetar varios proyectos de ley, de origen parlamentario, de hondo calado social, que fueron aprobados entreverados entre las iniciativas para avanzar en la implementación del proceso de reinserción a la vida democrática de Colombia de la guerrilla de las Farc.
La puja entre las dos instancias de poder estalló en las últimas semanas de sesiones de la segunda parte de la legislatura 2015 – 2016, con la cual se completaron tres años del actual cuatrienio del Congreso de la República, al cual este 20 de julio le restará un solo año de ejercicio legislativo y de control político, mientras que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos comenzará a sentir el sol a sus espaldas cuando este 7 de agosto arranque la última anualidad de su era de ocho años.
Precisamente el hecho que ambos poderes entran a la recta final de sus ejecutorias, explica también en parte la inusual y poco convincente reyerta entre ambas instancias, las más expuestas al debate público y las más criticadas en el país por sus decisiones, y ante el hecho que Colombia cada vez se adentra en la campaña electoral para los comicios nacionales, en los cuales se elegirán senadores y representantes a la Cámara y luego presidente y vicepresidente.
Hoy el Congreso y el presidente arrastran una baja imagen y aceptación entre el pueblo colombiano, pero los legisladores ante la inminencia de la elección el 11 de marzo del 2018 buscan por todos los medios reivindicarse ante los electores con la aprobación de proyectos de ley que tocan favorablemente el bolsillo de la población de estratos medios y populares, y otros por su sensibilidad social.
Con razón el exministro de Estado, Armando Estrada Villa, comentó que un candidato para conquistar votos promete esta vida y la otra, pero cuando se es gobernante se debe tener mucha prudencia en el gasto fiscal ante las realidades financieras de la Nación, al vaivén y sobresaltos en la economía  mundial como ha venido ocurriendo con los precios internacionales del petróleo y la cotización del dólar.
Como la gran mayoría de los actuales congresistas son simultáneamente candidatos en busca de la reelección en el Legislativo, están aprovechando la coyuntura para enviar un mensaje al elector de que ellos aprobaron los proyectos de corte social y que es el Gobierno Nacional, el que sí está de salida, el que se está oponiendo con la amenaza de objetarlos.

Los proyectos amenazados
Durante la legislatura que concluyó, sobre todo en su segundo tramo entre marzo y junio de este año, los congresistas se ocuparon, bajo el régimen del sistema especial legislativo del fast track o de vía rápida o de abreviación de debates, de la agenda relacionada con los temas para facilitar el proceso de desmovilización de las Farc, con fuertes contradictores, o lo que otros llaman para terminar el conflicto armado con ese grupo.
Pero al final los congresistas sorprendieron dándole vida jurídica a una serie de iniciativas de profundo impacto social para los colombianos.
Estos proyectos son los siguientes:
- Tamizaje neonatal estudio médico a recién nacidos. 
- Infertilidad y tratamiento dentro del POS. 
- Reducción de aportes de pensionados a la salud. 
- Reducción de semanas de cotización para la pensión de vejez de mujeres.
- Recargo nocturno desde las 9 de la noche.
Inmediatamente se armó el diferendo entre congresistas y ministros. 
La batuta de este choque de poderes lo lideró por el lado de Gobierno el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al pegar el grito en el cielo de que esos proyectos aprobados por el Congreso en la última semana de sesiones, son imposibles de poner en práctica por falta de recursos.
Una de las mejores respuestas que se escucharon para enfrentar la  tesis del zar de las finanzas, la pronunció el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Le recordó al citado ministro revisar las promesas de campaña del presidente Santos y contraatacó de frente al manifestar que “el Congreso no es populista y que el Gobierno tiene Alzheimer”, al tiempo que recalcó la muy mala memoria el ministro Cárdenas.
Los uribistas no desaprovecharon la ocasión para darle rienda suelta a la oposición al santismo y el senador Jaime Amín fue muy gráfico al criticar que “el presidente escupió para arriba y le cayó en la cara, prometieron de todo en campaña y ahora se les olvida cuando se dan cuenta de que las finanzas están en mal momento por cuenta de la mermelada y la plata para la paz”.
Otros congresistas hablaron de incoherencias y el presidente saliente del Senado, Mauricio Lizcano, se fue con todo contra el ministro de Hacienda al hacer ver que “nunca dijo nada del trámite de estos proyectos y ahora viene a decir que no hay plata, le gusta que el Congreso apruebe impuestos pero no proyectos que benefician a la gente”.
Y el senador conservador Hernán Andrade sostuvo que no puede pasar que una ley que lleva dos años en trámite, el Gobierno se dé cuenta de que no hay como financiarla cuando se aprueba en último debate”.

A la Corte
El Gobierno también sacó su artillería para esquivar la andanada de cuestionamientos y se ha sostenido en la inconveniencia, la ilegalidad y los vicios de trámite de los proyectos de los  congresistas, por lo cual insiste en que deben ser objetados por el negativo impacto en las aporreadas finanzas estatales.
Parodiando el famoso dicho popular que “no hay cama para tanta gente”, el gobierno lo que quiere decir es que “no hay plata para tantas leyes”.
Trascendió que durante la semana que terminó, el Ejecutivo nacional ha venido adelantando el estudio y revisión económica de cada uno de los proyectos de ley enjuiciados y la expectativa política y nacional se central en el pronunciamiento que hará el presidente Santos sobre la viabilidad o no de esas iniciativas.
Por normas legales un proyecto de ley aprobado por las cámaras legislativas puede ser objetado por el Gobierno Nacional por inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad.
La iniciativa objetada debe regresar al Congreso y allí se deberá debatir si se aceptan o niegan esas objeciones. En caso de ser negadas, el proyecto pasa automáticamente a la Corte Constitucional para que dirima el antagonismo entre sus dos colegas del poder público.
Especialistas en estos asuntos comentaron que la justicia, muy llevada a darle vía libre a esos proyectos de estirpe social, debe tener muy en cuenta para su decisión el impacto económico sobre las finanzas del Estado y el principio de racionalidad económica.
El analista político y profesor universitario Rodolfo Correa Vargas no cree y fue muy crítico con el supuesto choque entre el Ejecutivo y el Legislativo colombiano.
Al respecto, dijo que las relaciones entre estos dos poderes suelen ponerse tensas al final del mandato presidencial, sobre todo cuando los niveles de aprobación de la gestión presidencial son dramáticamente bajos, y de otro lado, el de los congresistas es igual o peor.
Así las cosas, agregó, quienes quieren permanecer en sus cargos no desaprovechan cualquier oportunidad para distanciarse del mal calificado Gobierno, de cara a la protección de su imagen durante la contienda electoral.
“En ese orden de ideas quienes analizamos la política tomamos con escepticismo el supuesto distanciamiento ideológico y concluimos con facilidad en que esto es el fruto del adecuado manejo de los intereses electorales”.
Por eso mismo se descarta una crisis en la estabilidad de la coalición de gobierno o en la llamada Unidad Nacional, cuyos partidos ya comenzaron a mover sus fichas y a realizar jugadas en el ajedrez político – electoral para estar en la mejor forma en el partidor de las candidaturas. Cada vez que se acerque más el final de la era santista, muchos de sus partidarios se irán alejando y buscando, por conveniencia y supervivencia, nuevos rumbos y posibilidades para intentar sacar los mejores dividendos en las elecciones del 2018.
El representante a la Cámara por Antioquia y del Partido Liberal, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, está casi seguro que el Gobierno Nacional no le objetará el proyecto de ley que fue aprobado para que las horas nocturnas se generen a partir de las 9 de la noche y que es de su autoría, además de haber sido un compromiso de campaña de Santos en su campaña reeleccionista.
Dijo que “el tema más grande de la legislatura fue el de la Paz, la justicia para la paz, la ley de amnistía entre otros, pero hemos avanzado en el tema de horas extras para los trabajadores, que no salió como lo presentamos, pero algo es algo y se dio un paso para los millones de trabajadores de este país”.

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