La indolencia colectiva frente a los indiscutibles derechos de la niñez resuena como eco permanente, alentada por la morbosidad con que muchos medios de comunicación aprovechan las tragedias infantiles para captar mayor audiencia. Con esa actitud – aunque nadie lo reconocerá- sacarle partido al secuestro, o al feminicidio como el de la niña indígena Yuliana Samboni, al maltrato, muerte por desnutrición o abuso de cualquier clase, rinde sus frutos; anzuelos mezcladores de la natural y comprensible sensibilidad humana ante el dolor, con la motivación invasiva de los medios que supuestamente preocupados por la suerte de los afectados, no reparan ante nada y menos respetan la privacidad de las dolientes familias.

Se juntan así un público que abre más los ojos cuando se trata de malas noticias, especialmente si hay niños de por medio y empresas informativas, con la televisión a la cabeza, buscando maneras de mantenerse vigentes. Si en tiempos de reinado de los canales así sucedía, tanto más en estas épocas en que el internet pende, como espada de Damocles, sobre la cabeza de las empresas televisivas cuya audiencia disminuye más y más. Ese goteo permanente, esa concentración excesiva en las situaciones de violencia, abuso y maltrato, difunde una comprensión equivocada de la realidad de la niñez porque –so pretexto de informar - pareciera considerar a esas como las únicas circunstancias en que sus derechos deben ser protegidos. Bien llamaba la atención el editorial de EL MUNDO de hace algunos días al alertar sobre el síndrome del caso específico para referirse a las reacciones puntuales ante hechos inaceptables, como el de Yuliana, mientras, paralelamente, ocurren negligencias u omisiones de la sociedad y el Estado que suelen hacerse evidentes sólo cuando se han consumado los hechos.

Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Código de Infancia y Adolescencia, abren su lente gran angular para decirnos que todos los niños, desde antes de su nacimiento hasta los 18 años de edad, son portadores de derechos, distinguiendo entre universales, que los cobijan a todos, como ocurre con la educación, salud y cultura, entre otros y los derechos de protección especial que cuando son violados, producto de la insania humana, deben ser restablecidos de inmediato.

La garantía de protección especial es uno de los mayores desafíos del Estado, la sociedad y las familias y es aquí donde todavía hay mucho por hacer porque sus respuestas dejan aún mucho que desear.

Muchas de las agresiones a los más indefensos ocurren ante la ausencia de medidas de prevención, y cuando los hechos tienen lugar, buena parte de los agresores proviene de una formación ciudadana y familiar rústica, de experiencias educativas que se perdieron sin dejar huella, y desde luego de “familias bien” como es el caso del asesino de Yuliana Samboni.

Una de las principales y permanentes tareas de cualquier país interesado de veras en el mil veces proclamado futuro de la niñez, es conocer bien que pasa con ella en cada rincón de su territorio, dónde están los riesgos, cómo hay que evitarlos, cómo darles a los niños la protección que necesitan y no sólo reaccionar con la comprensible indignación cuando ya no hay nada que hacer. La condena al asesino de Yuliana, por más alta que sea y por más

que satisfaga el clamor popular, no le devolverá la vida a la niña indígena que a sus 7 años estaba desprotegida y, por lo tanto, a merced de su agresor.

Más allá de la tragedia reciente, las omisiones del Estado y excesos en los medios, resuenan con fuerza a esta hora. Omisiones, de parte de un poder público que no hace lo que le toca y cree compensar su falta de acción por medio de los micrófonos y excesos de empresas privadas de comunicación que atropellan en nombre de la libertad de prensa