La inusual imagen del presidente de la República y altos mandos de la Fuerza Pública compareciendo ante los medios para anunciar la muerte en operativo militar de alias “gavilán” muestra la importancia de este golpe contra el segundo al mando de la organización criminal responsable por homicidios, ataques sistemáticos contra la Policía Nacional, exportación de grandes cantidades de cocaína y el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia en varias subregiones de Antioquia, Córdoba y Chocó, entre ellas la de la región próxima al municipio de Riosucio donde fue encontrado.

Lea también: Santos: operativo contra alias Gavilán es el mayor contra el clan del golfo

Esta acción, la primera con grandes resultados en los dos últimos años, se enmarca en la operación Agamenón II, tras su nueva estructuración con miembros destacados de la Policía, el Ejército y la Dijín, que actúan bajo coordinación del general Luis Ernesto Vargas, de la Policía Nacional. Para el Estado, ella le impone reconocer que cuenta con toda la capacidad para encontrar y capturar a los “objetivos de alto valor” entre las distintas organizaciones criminales. Al reconocer la importancia de la acción, el país espera que se avance en la detención de alias “otoniel”, jefe de esa organización.

Lo invitamos a leer: Asoma el posconflicto

Este importante paso pone sobre aviso a las organizaciones criminales acerca de la decisión y capacidad del Estado para contenerlas mediante la acción eficiente de la Fuerza Pública. Por lo mismo, también tendría que alentarlas a aceptar las reglas actuales para pactar su sometimiento a la justicia ante la Fiscalía General, como los invitó el presidente Santos.

Además: Crímenes y amenazas exigen cumplimiento de promesas del posacuerdo

Con el operativo contra este criminal nace una esperanza, aunque frágil, por la recuperación de la paz y la seguridad en las regiones más afectadas por ese grupo criminal, especialmente Urabá y el Atrato Medio Chocoano, que en los últimos tiempos han sufrido el severo recrudecimiento de la violencia. Corresponde al Gobierno Nacional mantener y ampliar su presencia en las regiones afectadas, para garantizar así la recuperación plena de la vida, el territorio y la estabilidad de territorios que las organizaciones criminales han pretendido disputarse.