El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció en mayo de 2016 el comienzo del plan de ofensiva militar más fuerte en contra de las bandas criminales, conocido como la Directiva 15, el cual ordenaba a la Fuerza Pública a “utilizar todo el músculo institucional contra bandas de crimen organizado”. 

Este protocolo apuntó a aplicar “toda la fuerza del Estado, sin excepción, a los grupos armados organizados o los que tengan mayor capacidad hostil contra la instituciones y la población, a quienes tengan campamentos, a quienes tengan armas largas, a quienes tengan uniformes y presencia en el territorio”, afirmó Villegas. 

Esta decisión se dio en el contexto de un cese al fuego prolongado y sostenido con las Farc, lo cual les permitía tener una nueva prioridad en la actividad militar y que se evaluara la estrategia ministerial para enfrentarse a estos delincuentes. 

Luego de más de un año de vigencia de la directiva, el sentimiento de insatisfacción sigue manifestándose en varios analistas de seguridad y los opositores del Centro Democrático, quienes en varias ocasiones denunciaron paros armados, planes pistola, hostilidades contra las comunidades y enfrentamientos por el control territorial con otros grupos criminales. 

¿Cuál estrategia debería aplicarse?

Luego de una historia reciente con muchas desmovilizaciones de grupos armados producto de negociaciones de paz, y el anuncio de una lucha frontal contra el crimen sin grandes triunfos, en sectores sociales surge la inquietud de si la única vía es la negociación política. 

Sobre este debate que está en el centro de la política criminal, EL MUNDO consultó cuál debe ser la estrategia correcta para terminar con las bandas criminales.  

Luis Ernesto Gilibert Vargas, exdirector de la Policía, manifestó que las dinámicas de los grupos armados del conflicto y estas estructuras delincueniales no son comparables. “Las bandas criminales se constituyen sin ideología, filosofía, doctrina ni nada; solo les interesa el dinero y delinquir”, argumentó. 

Para este exoficial, “deben someterse, entregar las armas y dejar de delinquir, para que la ley les brinde unas alternativas que pueden beneficiarlos, pero nada más. Ellos son delincuentes natos”. 

Añadió que es muy difícil adelantar negociaciones con estos grupos, porque no tienen una unidad de mando. “Todos son reyes y quieren mandar o tener su propia estructura. Ellos no están planteando ideologías como el comunismo, no aspiran a llegar al poder por cualquier forma de lucha, sino que solo piensan en traquetear y ver qué pueden ganar económicamente, principalmente mediante el narcotráfico y el secuestro”, complementó.

Max Yuri Gil, sociólogo e investigador, explicó que la diferencia entre negociación política y diálogo para el sometimiento radica en que “para la sociología, las bandas criminales del país son actores políticos. Tienen prácticas de control de la ciudadanía y el territorio, han tenido relaciones muy marcadas con los sectores institucionales y el orden colectivo. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no pueden ser reconocidas de esta forma, ya que la Corte Suprema de Justicia consideró que el accionar de estos grupos no son conexos al delito político”. 

Además, Gil reflexionó que “en lo fundamental, tenemos una estrategia centrada discursivamente en el combate frontal. Lo más pertinente es buscar el sometimiento de las bacrim; el Gobierno está intentando una salida pactada, pero la gente entiende esto como la negociación de paz que hubo con las Farc”. 

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Aseguró que “lo deseable desde la institucionalidad es que la desmovilización se dé junto a un cese definitivo de las acciones criminales, la entrega de todos los recursos y propiedades obtenidos con estas actividades, reparación a las víctimas, no repetición y colaborar con la verdad”. 

Por su parte, Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos y Paz, del Instituto Popular de Capacitación, ratificó la necesidad de que se generen acuerdos de sometimiento a la justicia realmente integrales entre la Fiscalía y los grupos ilegales, que genere beneficios sociales a la comunidad y judiciales a los delincuentes.

También resaltó que la política criminal debe “enfocarse en las estructuras herederas del proceso de desmovilización del paramilitarismo como los rastrojos, las autodefensas gaitanistas, la oficina, los erpac; en estos casos debe definirse una política muy diáfana para saber cómo va a actuar la institucionalidad frente a ellos”. 

En su concepto, se necesita un proceso de entrega a la justicia que se corresponda con estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y no repetición. “No se trata de darles un estatus político pleno, pero tampoco ser ingenuos y pensar que solo hacen transacciones en la criminalidad, sino que tienen nexos y han sido apoyadas por sectores políticos y económicos que han creado tramas de poder para beneficiarse, a través de grupos ilegales”, complementó. 

Por su parte, Carlos Alfonso Velásquez, docente y experto en conflicto armado de la Universidad de La Sabana, sostuvo que el sometimiento, la vía militar y la negociación no son excluyentes. Por el contrario, deben combinarse, dándole prioridad a la táctica represiva, para tener éxitos en la lucha contra las bacrim. 

“Se deben reforzar las operaciones contra ellos y dejar abierta la ventana de una alternativa de sometimiento a la justicia. Esta negociación de desmovilización debe ser responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”, complementó. 

¿Es posible la derrota militar de las bacrim? 

Enfrentar vía militar a las bandas criminales es una estrategia que divide a los expertos en la materia. Mientras unos consideran que ese camino no arrojará resultados positivos, otros estiman que el Estado debe imponerse a la criminalidad y peligrosidad que representan estos grupos. 

Jaramillo argumentó que “la lucha contra las estructuras delictivas no se resuelve por esta vía, sino que sirve como un método de presión para lograr acercamientos, que permitan el apaciguamiento de esa violencia armada y se generen acuerdos que lleven a la desmovilización”. 

“El Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y de las facultades legales que tiene para perseguir a las estructuras criminales, pero no puede cargar al Ejército ni al Ministerio de Defensa con toda la responsabilidad de arreglar los problemas de conflictividad armada que se presenten. Esto también corresponde a conflictos de carácter social, político y económico que no se han resuelto históricamente”, apreció. 

Gilibert manifestó que, por el contrario, es muy posible la derrota militar de estos grupos e hizo un llamado a capturar y poner a disposición de la justicia a estas estructuras criminales.

“Las Bacrim son residuos de narcotraficantes y paramilitares que se declararon en disidencia y no quisieron reincorporarse a la vida civil. Son organizaciones de facto que no tienen un origen común o una estructura organizativa; son unos antisociales que quieren imponerse ante los demás a la fuerza”, aseguró. 

Además, puntualizó, no se puede permitir que las bacrim se conviertan en organizaciones con las que haya que negociar. Tenemos que ganar esto ya, hay mucha inteligencia y la Fuerza Pública tiene los recursos suficientes para enfrentarlas”. 

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Sobre las dificultades para erradicar esta forma de asociaciones delictivas, Max Yuri Gil explicó que existen causas coyunturales como las hostilidades y el narcotráfico que usan para ser sostenibles y estructurales como “la construcción de un Estado muy poco presente y débil en los territorios, lo cual posibilita que estos lugares sean cooptados por las estructuras”. 

Otro elemento que perpetúa y fortalece a las bacrim es el poderío que tiene “la economía criminal, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal, las talas ilegales; la corrupción también ha sido determinante en este estado actual. Este escenario crea ventajas comparativas para que las actividades delictivas sean muy rentables y sostenibles”, agregó. 

Jaramillo afirmó que “la forma de lograr un avance militar significativo es dar golpes a todos los mercados ilegales que se asientan en el país, en donde se le ofrecen oportunidades estables a personas que no han podido acceder al mercado laboral, con oficios como el ‘pagadiario’, guardar armas y automotores robados”.

Clan del golfo, reto militar del Gobierno Santos
Con las dos fases de la operación Agamenón, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos apostó a una salida militar contra esta banda criminal que ha logrado ocupar varios territorios en el país.

Sobre esto, el Estado destacó en varias declaraciones sobre el tema que según sus datos de inteligencia, esta estructura tenía hace cinco años 4.200 miembros, actualmente contaba con alrededor de 2.000 personas. 

Además, en lo corrido del año se logró dar golpes a líderes de alto valor dentro de la jerarquía de esta bacrim, además de la captura de 153 miembros de la banda hasta el momento. 

Recompensas por los más buscados 

La Policía Nacional publicó un cartel con los cabecillas más buscados de estas estructuras criminales conocidas como bacrim.

Esta campaña de reforzamiento tiene un énfasis en los jefes del clan del golfo, ya que la Fuerza Pública le ha generado grandes golpes y manifiestan que están débiles.
Por el líder de esta estructura, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, las autoridades ofrecen tres mil millones de pesos. 

El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, afirmó que “las recompensas por estos bandidos son jugosas. Habrá para quien suministre información que conlleve a la captura de los responsables de los ataques a la Fuerza Pública, ubicación de cultivos, laboratorios, caletas de armas o estupefacientes”, dijo y añadió que “invitamos a la comunidad a entregar información en la linea 167, la reserva es absoluta y hay ubicación en el exterior si es necesario”.